El fiscal interroga a un técnico municipal por un supuesto trato de favor de Alperi a Ortiz

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, abrió ayer la investigación al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, del PP, por los supuestos delitos de trato de favor y prevaricación en la adjudicación de tres aparcamientos al promotor Enrique Ortiz, con el interrogatorio a un técnico del departamento de urbanismo. Alperi adjudicó los proyectos al empresario, tras sortear la oposición de los técnicos de Urbanismo, con informes favorables de los del área de Tráfico. Briones ejerce, además, la acusación pública en la imputación de Alperi por el desfalco de Mercalicante.

El alcalde sorteó el rechazo de Urbanismo trasladando el expediente a Tráfico

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante al alcalde Luis Díaz Alperi por la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al promotor local Enrique Ortiz se deriva de una denuncia presentada por el colectivo Vecinos por Alicante [plataforma política constituida hace escasamente un mes por dirigentes del movimiento vecinal].

Los tres proyectos objeto de la investigación del ministerio público se ubican en las calles del Padre Esplá, Catedrático Soler y Hermanos López. El promotor Enrique Ortiz ha sido beneficiado con múltiples proyectos urbanísticos en la ciudad. El más importante por su envergadura es el Plan Rabassa -15.000 viviendas en las Lagunas de Rabassa-. El programa urbanístico, adjudicado al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuenta con el rechazo de colectivos cívicos y ecologistas y de los grupos de la oposición municipal, PSPV y EU.

Los denunciantes sostienen que el Ayuntamiento favoreció con los aparcamientos al empresario Enrique Ortiz al modificar al alza el canon final de explotación, hasta el límite del 20% legal autorizado, extremo que reportará al adjudicatario de los proyectos un beneficio extra de 36 millones de euros.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han confirmado, además, que el alcalde de Alicante adjudicó los tres aparcamientos subterráneos pese al informe en contra, por falta de idoneidad, de los técnicos del departamento de Urbanismo. El alcalde sorteó la oposición de los funcionarios de ese negociado trasladando los expedientes al departamento de Tráfico. Un técnico de esta área, por el contrario, sí avaló la legalidad de las adjudicaciones.

El fiscal anticorrupción interrogó ayer, en calidad de testigo, a un alto funcionario del departamento de Urbanismo que firmó uno de los tres informes en contra de las adjudicaciones.

Los proyectos para construir los tres nuevos aparcamientos subterráneos cuentan con el rechazo de los vecinos de los barrios afectados. Las asociaciones de vecinos han iniciado una campaña de recogida de firmas en demanda de la paralización de las nuevas dotaciones y a principios de marzo realizaron una concentración, en la avenida del Padre Esplá, que congregó a cerca de un millar de personas.

Aparte del rechazo vecinal, los tres nuevos aparcamientos también han concitado la oposición de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, Ecologistas en Acción del País Valenciano y los dos partidos de la oposición municipal.

La investigación por el caso de los aparcamientos subterráneos es la segunda causa que dirige la Fiscalía Anticorrupción de Alicante que afecta directamente al alcalde Luis Díaz Alperi. La primera está relacionada con el desfalco de seis millones de euros descubierto en las cuentas de la empresa pública Mercalicante. En el sumario están imputados el alcalde, el concejal del PP Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galán, ex concejal del PP y actual director del proyecto audiovisual Ciudad de La Luz de Alicante. El sumario por el desfalco de Mercalicante, que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Alicante, se incoó en septiembre de 2002. La magistrada está a la espera de culminar las últimas diligencias para dictar el auto de apertura de juicio oral.