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Villepin amaga con dimitir tras la renegociación del contrato juvenil

Los sindicatos dan dos semanas de plazo al Gobierno francés para que retire la polémica ley

Los sindicatos y organizaciones estudiantiles dieron ayer un ultimátum al Gobierno de Dominique de Villepin para que abrogue antes del próximo día 17 el polémico contrato de primer empleo (CPE), que precariza el trabajo de los jóvenes. Por su parte, el primer ministro amagó con dimitir. "Naturalmente, asumiré las conclusiones que se deriven de la negociación", dijo en la Asamblea Nacional, poco después de la primera reunión del grupo parlamentario de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), con los representantes de los sindicatos y los estudiantes.

"Nuestro objetivo no es negociar cambios, sino obtener la abrogación del CPE", dijo un portavoz de los representantes de los ocho sindicatos y las cuatro organizaciones estudiantiles que forman el frente anti-CPE, todavía bajo la euforia del éxito de la jornada de protesta del martes.

Los delegados del frente se reunieron ayer en el Senado con cuatro parlamentarios de UMP, el ministro para la Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, y el de Empleo, Gérard Larcher. Exigieron, de nuevo, la retirada pura y simple del CPE, un contrato para menores de 26 años que permite el despido sin justificar durante los primeros 24 meses y que forma parte de la Ley para la Igualdad de Oportunidades, promulgada el pasado domingo por el presidente, Jacques Chirac, con la bendición del Consejo Constitucional.

Es el propio Chirac ha pedido por un lado al Gobierno que haga todo lo posible para que no se aplique y por otro ha reclamado a los legisladores que la revisen. El objetivo de los cambios sería reducir el periodo de prueba a 12 meses y establecer la necesidad de justificar el despido. Con esta sorprendente pirueta, el presidente de la República creía poder controlar la crisis. Al promulgar la ley evitaba devolverla al Parlamento y así no desautorizaba del todo a su primer ministro. Chirac cedía, en parte, a la presión de la calle, y al mismo tiempo le daba la dirección de las operaciones al jefe del partido gubernamental Nicolas Sarkozy, que rápidamente asumía la redacción del nuevo texto anunciando que todo era revisable.

El equipo negociador del Gobierno, en el que hay parlamentarios sarkozistas y ministros villepinistas, inició ayer su ronda de reuniones con cada uno de los sindicatos, organizaciones estudiantiles y patronal, por separado. El primero fue el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), François Chérque, el más reformista, quien al salir señaló que sus interlocutores se limitaron a "escuchar" y que sólo se pronunciarán "tras haber recibido a todo el mundo". Entre hoy y mañana la ronda debe haber terminado. El frente anti-CPE ha anunciado que el lunes fijará de nuevo su postura.

El primer secretario del Partido Socialista (PS), François Hollande, se mostraba optimista y consideraba "posible" poner fin a este conflicto, que dura ya más de dos meses, "con el voto de una proposición de ley antes del 17 de abril".

El propio Hollande pidió en la Asamblea Nacional a Villepin que retire el CPE. "Dejemos que el diálogo se realice sin prejuicios", le respondió el primer ministro, "deseo que de ello salga una mejor comprensión para los unos y para los otros". Y fue entonces cuando añadió: "En tanto que jefe del Gobierno, sacaré naturalmente todas las conclusiones necesarias a lo largo de los últimos días. El Gobierno es el servicio del interés general y es por eso que yo asumiré el compromiso, no dejando que sea ninguna otra persona la que saque las conclusiones que se imponen. Lo haré yo porque no tengo ningún otro objetivo, ninguna otra preocupación que la de servir al interés nacional".

El eco de sus palabras tardó poco en saltar a todos los medios de comunicación. Un par de horas más tarde fuentes oficiosas del Hotel de Matignon, residencia del primer ministro, aseguraban sin demasiada convicción que Villepin no había amenazado con dimitir, sino que se refería a la labor del Gobierno y al encargo del presidente Chirac de revisar el CPE. La piedra, sin embargo, ya había sido lanzada. Estratégicamente, parece claro que la mejor opción de Villepin es dimitir, abandonar el barco y revalorizarse ante su electorado con el argumento de que le forzaron a ceder ante la presión de la calle antes de poder sacar adelante su reforma.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de abril de 2006