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La polémica reforma de la M-30

La UE abre expediente a España porque la M-30 carece de informe ambiental

La Comisión Europea dice que la reforma fue dividida en 19 proyectos para eludir el trámite

La Comisión Europea abrió ayer un expediente a España por no haber realizado el Ayuntamiento de Madrid un estudio de impacto ambiental antes de iniciar las obras de reforma de la M-30, valoradas en 4.000 millones de euros. Bruselas no cuestiona la necesidad del proyecto, pero mantiene que debe ir acompañado de la correspondiente declaración de impacto. No hacerlo supone una violación de una directiva que, de no ser rectificada, puede acabar en el Tribunal de Justicia. Para el eurodiputado socialista Carlos Carnero, a cuya instancia se pronunció la Comisión, se trata de una victoria de los ciudadanos afectados. Usó términos futbolísticos: "Parlamento y Vecinos, 1; Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, 0".

"Este macroproyecto, uno de los más importantes de su especie en este momento en Europa, debería haber sido sometido a una declaración formal y global de impacto ambiental. En vez de eso, fue dividido en 19 proyectos menores que no han sido sometidos a un procedimiento completo de impacto ambiental", dice la Comisión para explicar por qué emplaza a las autoridades españolas a dar explicaciones sobre lo ocurrido, y rectificar, en un plazo de dos meses.

El Ejecutivo comunitario sostiene su criterio en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España por no trasladar correctamente a la legislación nacional la directiva sobre impacto ambiental en relación con los proyectos de desarrollo urbano. "La tesis que defiende el Gobierno español de que en las zonas urbanas el impacto ambiental de los proyectos de urbanización es prácticamente inexistente, tampoco puede ser acogida en vista de la lista de factores que pueden verse afectados directa o indirectamente por los proyectos a los que se refiera la directiva", señaló el tribunal.

"Es decir, que los proyectos de desarrollo urbano también necesitan la declaración de impacto ambiental", explica un eufórico Carlos Carnero, vecino de la M-30, asociado a los perjudicados y constante motor para la intervención de las instituciones europeas en el caso.

La Comisión subrayó que la demanda de realizar el estudio es una exigencia legal que "no cuestiona la necesidad, el diseño o la importancia de este proyecto para la ciudad de Madrid". Bruselas recuerda que la directiva 85/337/CEE establece que los grandes proyectos de infraestructura deben someterse a consulta pública y a declaración de impacto antes de ser aprobados, para evitar, o minimizar, los daños medioambientales.

"Infracción evidente"

El colegio de comisarios tomó su decisión a partir del documento con recomendaciones que le elevó la Comisaría de Medio Ambiente, donde se estudiaron las "informaciones complementarias muy voluminosas" proporcionadas por las distintas partes, para llegar a la conclusión de que "la infracción de la directiva es evidente, pues no se ha realizado una evaluación de impacto de todos los proyectos o evaluaciones de todos los subproyectos que tuvieran en cuenta los efectos acumulados".

El procedimiento de infracción no ha hecho más que empezar, pero para los críticos con la opacidad del plan de transformación de la M-30 constituye una victoria política de primera magnitud. "Es el día más feliz de mi vida parlamentaria, después del de la aprobación de la Constitución europea en la Convención", decía ayer Carnero. "El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que le eximió de la obligación de hacer estudio de impacto, han recibido un golpe muy duro. Los ciudadanos hemos ganado una batalla", agregó. El eurodiputado, sufrido madridista, no pudo evitar el símil futbolístico: "Parlamento y Vecinos, 1; Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, 0".

Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para responder a esta primera carta de emplazamiento del comisario Stavros Dimas. A la luz de la respuesta, o en ausencia de ella, la Comisión enviará un dictamen motivado en el que establecerá clara y definitivamente sus razones para creer que ha habido infracción de la legislación comunitaria y volverá a dar dos meses al Estado para que cumpla con ella. Si de nuevo la respuesta es insatisfactoria, España será llevada al Tribunal de Justicia por la Comisión.

Carnero recomendó al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que paralice las obras y busque el consenso con todos los afectados. "Si Gallardón no rectifica, va a meter a la ciudad, a la comunidad autónoma y al país en un procedimiento que puede ser muy gravoso", aventura el eurodiputado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de abril de 2006