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La polémica reforma de la M-30

La oposición exige que se paren las obras

Jesús Sérvulo González

El tirón de orejas que la Comisión Europea (CE) le ha dado al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, al abrir un procedimiento de infracción por carecer las obras de la M-30 de una declaración de impacto ambiental (DIA), ha sido recibido con satisfacción en la oposición. Tanto PSOE como IU habían denunciado en repetidas ocasiones la necesidad de acompañar el proyecto de una declaración de impacto ambiental.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, reclamó ayer que se paralicen las obras para que se realice la declaración de impacto ambiental "con el fin de que se adopten las medidas que se han evitado tomar durante este tiempo". Jiménez apostó por "alargar los periodos de las obras si es necesario, colocando pantallas que eviten las molestias y salvaguardando el bienestar de los ciudadanos".

El concejal socialista responsable del área de Urbanismo, Felix Arias, reconoció que la paralización de las obras podría causar efectos indeseados en los ciudadanos. "En cualquier caso, debería elaborarse la declaración de impacto de los proyectos actuales y futuros", agregó.

La portavoz socialista leyó la resolución de la Comisión: "La M-30 es una autopista que atraviesa una zona ecológicamente sensible, con una alta densidad de población y elevados niveles de contaminación". Y calificó de "inaceptable" que desde el Consistorio se siga insistiendo en que las obras terminarán dentro de plazo, "cuando la CE les acaba de acusar de cometer una infracción".

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas, se sumó a las críticas. El líder socialista señaló que la decisión supone un duro varapalo a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Simancas dijo que la presidenta había "eximido de forma ilegal al Ayuntamiento de la declaración de impacto ambiental". Además, exigió una "rectificación inmediata" al Gobierno regional. Simancas apoyó las declaraciones de Jiménez y reclamó el estudio de impacto.

La portavoz de IU, Inés Sabanés, dijo que "se deberían parar las obras no iniciadas con carácter inmediato para someterlas a la declaración de impacto medioambiental". Respecto a los trabajos que ya están en marcha, Sabanés dijo que "deberían corregirse para cumplir la normativa comunitaria". Sabanés acusó al Ayuntamiento de "burlar de forma deliberada los procedimientos". La responsable de la coalición añadió: "Es una advertencia muy seria para el Ayuntamiento, pero también para el resto de instituciones españolas". Sabanés se mostró confiada en que "se produzcan modificaciones sustanciales a este proyecto" por el expediente de Bruselas.

La concejal de IU responsable de asuntos medioambientales, Concha Denche, apuntó que "habrá que reconducir las obras para que se ajusten a la ley".

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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