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Los vecinos exigen a Barberá que diga cómo cumplirá el fallo de Mestalla

La federación denuncia "la postura de rebeldía" del PP ante el fallo

Para cumplir la sentencia que declara ilegales las obras de ampliación de Mestalla no basta con admitir que la construcción está fuera de ordenación y pagar las costas. Así lo defiende la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que ganó este contencioso al Ayuntamiento y exige, celebrado ya el pleno que dio por cerrado el asunto, que el gobierno de Rita Barberá explique cómo ejecutará el fallo de forma que "adquiera su debida eficacia".

En el pleno de la semana pasada todos los grupos políticos votaron "consentir y cumplir" la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegales las obras, pero discreparon sobre el fondo del asunto. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, argumentó que se cumple al admitir que la remodelación del estadio está "fuera de ordenación", mientras que el portavoz socialista, Rafael Rubio, exigió un informe jurídico que se hará para aclarar el destino del suelo permutado entre el Ayuntamiento y el club de fútbol para la ocupación de viales públicos.

La federación vecinal, que no pidió el derribo de las gradas ilegales al conocer la sentencia a finales de febrero, sí anunció que esperaba "sentarse a hablar" con el Ayuntamiento y la Generalitat para saber cómo se restituiría la legalidad urbanística. La presidenta de la federación, María José Broseta, adelantó entonces que no podía zanjarse el asunto por el hecho de que el Consistorio y el club de fútbol hayan acordado un traslado del estadio. La petición de los vecinos no obtuvo respuesta, y tras el desarrollo del pleno, la federación ha agotado la espera y se ha dirigido oficialmente al equipo de gobierno del PP para pedir explicaciones.

En un escrito entregado el 31 de marzo, un día después del pleno, los vecinos critican que Grau y el equipo de gobierno consideran que con el abono de las costas procesales (2.000 euros) y el futuro acuerdo de traslado se cierre el asunto y "con ello y sin mediar plazo ni más concreción se da por cumplida debidamente la sentencia de Mestalla". Para la federación, las manifestaciones de Grau y del equipo de gobierno "no dejan de sorprender por su ligereza y falta de rigor legal, puesto que el acatamiento de las sentencias y el principio de legalidad son la piedra angular sobre la que descansa" el Estado de Derecho. También resalta el escrito el "deber inexcusable" de que se cumplan las sentencias, especialmente por parte de la Administración. A juicio de la federación, el Ayuntamiento adopta "una actitud contumaz negando la evidencia de la ilegalidad de la ampliación del estadio e incluso se mantenga en una postura de rebeldía frente a las decisiones judiciales".

El Consistorio tiene dos meses para hacer efectiva la sentencia antes de que algunas de las partes pueda solicitar su ejecución, señala la federación. El organismo vecinal exige aclaración sobre "las medidas adoptadas" a fin de que "la sentencia adquiera su debida eficacia"; conocer el plazo para su aplicación; qué órgano o funcionario se ocupará del caso; y una "descripción del modo o forma" de cumplimiento. Solicita, además, una copia del convenio entre el Ayuntamiento y el Valencia CF "a los efectos de verificar si los pactos o cláusulas objeto del mismo pueden afectar" a la ejecución del fallo.

La alcaldesa manifestó en el pleno que se cumplía la resolución del Supremo con la votación del orden del día. Ayer, sin embargo, declaró que el pleno se dio por enterado y que su gobierno hará "lo que diga la normativa", informó Efe. "Estamos en un Estado de Derecho que marca las formas de actuación", dijo Barberá, quien insistió en que se cumplirá "la legalidad".

Reacción del PP a dos sentencias

La respuesta del PP a dos resoluciones judiciales contrarias al Ayuntamiento ha enturbiado las relaciones con los vecinos. El escrito que exige medidas concretas para acatar el fallo de Mestalla, que es firme, refleja la distancia en este asunto entre vecinos y gobierno municipal. Un alejamiento que también quedó patente la semana pasada en relación con otro contencioso entre ciudadanos y Administración local que ha acabado en los tribunales: el funcionamiento del hospital Virgen del Consuelo, denunciado por los vecinos afectados de ruidos, humos y otras molestias. La alcaldesa, Rita Barberá, tras conocer que un juzgado anulaba la licencia de actividad que concedió en 2004 sujeta a medidas correctoras, aseguró que los vecinos se habían desprotegido ellos mismos al acudir a los tribunales. La respuesta de los vecinos afectados fue la negativa a acudir a una reunión convocada por Barberá.

El pleno del día siguiente sólo sirvió para crispar más los ánimos. El concejal de Actividades, Vicente Igual, achacó la oposición de los afectados por la clínica a las supuestas aspiraciones políticas del dirigente vecinal de Patraix, Antonio Pla, lo que provocó una gran bronca en el hemiciclo.

La asociación de vecinos de Patraix emitió después un comunicado de apoyo a Pla en el que pedía la reprobación del concejal del PP y acusaba al PP de intentar "acallar" las voces "que puedan ser discordantes". El pasado lunes, la Federación de Asociaciones de Vecinos también se hizo eco del "incidente" en una nota muy dura que calificaba la actitud de Igual de "reaccionaria y antidemocrática" y pedía al equipo del gobierno que se desmarcara del ataque a Pla. "No podemos tolerar el todo vale que se está generando en este Ayuntamiento", decía el comunicado, que atribuye al PP cierto "nerviosismo" ante las sentencias que "declaran nulos sus acuerdos". La federación subrayaba que seguirá "en la línea de actuar con independencia y firmeza ante cualquier abuso de derecho".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de abril de 2006

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