El gobierno local ignoró resoluciones del asesor jurídico

El jefe del servicio jurídico de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, alertó al actual equipo de gobierno de que podía incurrir en presuntos delitos si no revocaba licencias de obras contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, pero su dictamen fue ignorado.

El 10 de noviembre de 2003, apenas tres meses después de la toma de posesión de Marisol Yagüe y su equipo, Jorge González emitió un informe en el que advertía de que cuando una licencia de obra concedida ya por el consistorio no se ajusta a la legalidad, "procede denegar la aprobación del proyecto de ejecución y revisar la licencia ilegalmente otorgada". González reconocía que la licencia de ejecución es un mero trámite en el que sólo cabe comprobar si el proyecto de las obras se ajusta a los parámetros técnicos definidos en la licencia, pero que "esta regla quiebra si la licencia no se ajusta a la legalidad".

Las recomendaciones de González fueron ignoradas. El 1 de octubre de 2004, el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, se reunió con la alcaldesa y tres técnicos municipales para advertirle de que si no revocaba las licencias ilegales aunque hubieran sido concedidas por sus antecesores y permitía que se ejecutaran los proyectos, podría incurrir en un presunto delito.

García Marcos

La primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, que desde el domingo comparte celda con la alcaldesa en la prisión de Alhaurín de la Torre, se encargó de solucionar el inconveniente a su modo. Cinco días después de aquel encuentro, el 6 de octubre, ordenó a Jorge González que enviara su dictamen a un abogado que ha colaborado con ella desde su etapa en la oposición, José Carlos Aguilera, contratado ahora como asesor externo en el consistorio.

En apenas unas horas, este abogado redactó un informe que decía todo lo contrario al emitido por el jefe del servicio jurídico propio del ayuntamiento, que "no es posible" revocar una licencia de obras en el momento de emitir el permiso de construcción en ningún caso. Invocaba este informe una serie de jurisprudencia, aunque siempre omitía la mayor, que la licencia de obras fuera ilegal.

De este informe privado quedaron enterados los concejales miembros de la comisión de gobierno, órgano que aprueba las licencias de ejecución, el 7 de octubre de 2003. Desde entonces, el consistorio se ha negado a revisar 54 licencias de obras ilegales a las que le ha conminado la Junta.