El funcionario que denunció la corrupción: "Fui destituido por hacer informes negativos"

Jorge González, jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, que denunció ante el juez las prácticas irregulares del gobierno municipal, emitió ayer una circular en la que prohíbe que sus subordinados atiendan todo "requerimiento, orden o intromisión" que provenga de los asesores externos que hasta ahora usurpaban sus funciones. González asegura a EL PAÍS que le destituyeron de sus funciones por informar negativamente determinadas licencias, y que no ha destapado nada porque la situación existente era conocida hasta por el conserje del Ayuntamiento y por los jueces que le tomaron testimonio varias veces.

Jorge González, jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella desde 1993, no quiere pasar a la historia como el funcionario que destapó la corrupción en dicho ayuntamiento, a pesar de que en octubre pasado detalló la telaraña de asesores privados urbanísticos, como Juan Antonio Roca o Raquel Escobar, que habían usurpado sus funciones con plena anuencia de todos los alcaldes, desde Jesús Gil y Gil hasta la propia Marisol Yagüe.

Pregunta. ¿Por qué le repugna ser considerado el funcionario que reventó la corrupción del Ayuntamiento de Marbella?

Respuesta. Yo estoy apartado de las resoluciones desde julio de 1998, jamás en mi vida he despachado con los alcaldes desde Jesús Gil. Por todo esto, es curioso, patente y notorio, casi irritante, que el único que lo diga sea yo cuando hay y había personas a las que no han desposeído de su cargo. Ahí estaban y están. Curiosamente, la única información sobre esto sale del servicio jurídico de Urbanismo, del que han echado a todos menos a mí porque soy inamovible. Pero bueno, hay muchos arquitectos, ingenieros, aparejadores, y ellos sí han trabajado.

P. ¿Qué cargos son los que deberían contar su experiencia sobre lo ocurrido en Marbella?

R. Yo no quiero un título diciendo lo que los demás deberían contar. Yo sólo me muevo en una frecuencia jurídica y digo que yo no estoy destapando nada. Soy una persona que como funcionario prometí, hace ya 27 años, cumplir y hacer cumplir la ley, y que, además, como ciudadano, cometería un delito al sentarme frente a un juez por una causa penal y no decir verdad. Y yo digo verdad. Digo más: cualquier funcionario que ante la misma pregunta no diga lo que yo dije está incurriendo en falso testimonio. Pero no hace falta ser alto cargo. Lo sabe cualquier auxiliar y hasta el conserje que lleva papeles de la señora alcaldesa a determinados sitios. No es nada nuevo, por Dios.

P. ¿A pesar de su marginación por decreto oficial, usted ha seguido emitiendo informes negativos para proyectos urbanísticos?

R. En muy escasas ocasiones. Porque no me los pedían. El asunto es cuando entra en vigor el ilícito penal, y hay una reforma en el Código Penal. Hasta ahí todo funcionaba estupendamente. Todo quedaba en ilícito administrativo, vaya usted al contencioso administrativo, y aquí paz y después gloria. Ellos daban las licencias frente a mis informes desfavorables. Todas las licencias. ¿Cuál es el problema? Cuando eso se convierte en un ilícito penal y, a consecuencia de mis informes negativos, empiezan a sentarse en el banquillo en procesos penales. ¿Y cuál fue su primera medida? Buscaron asesores externos, que les decían que sí, que se podía dar la licencia. Y el jefe del servicio jurídico decía que no. Por eso se me destituye. Esa es mi historia.

P. ¿Por qué decide acudir al juzgado en octubre pasado?

R. No decido nada. Me citan ellos [juez y fiscal]. No tengo nada especial que me hiciera ir al juzgado: hay una situación que era conocida por todo el mundo, no sólo por mí. Yo fui citado hace mucho en el caso Belmonsa. Lo raro es que sea ahora cuando se tira de eso. Lo que le cuento lo tengo dicho en varias causas, de tal manera que más de una vez he dicho, señoría me remito a mis anteriores declaraciones. Porque ya estaba dicho.

P. ¿Qué ha pasado para que ahora sí fructifique su denuncia?

R. No tengo ni idea.