El Consejo de Trabajo Económico y Social cree excesivos 90 años para la calificación de vivienda protegida

El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CETSC) aprobó ayer un dictamen que cuestiona parte del articulado del anteproyecto de ley de la vivienda. El organismo asesor del Ejecutivo autónomo -en el que participan patronales y sindicatos- considera "excesivo" el plazo máximo de calificación de la vivienda de protección oficial. Todos los representantes del pleno del CTESC defendieron ayer un plazo máximo de 30 años, a excepción de CC OO, que abogó por que éste se prolongue a lo largo de toda la vida útil de la vivienda. Además, el CTESC recomienda también la revisión del régimen sancionador. El importe de las multas es demasiado elevado, según el dictamen, que reclama también la revisión de los criterios de gradualidad de estas sanciones.

Los miembros del consejo se mostraron en contra de la obligación de acreditar un periodo mínimo de residencia en un municipio para poder optar a una vivienda protegida, y reclamó que se reserve un porcentaje mínimo -el 20%, según la propuesta de CC OO- en cada promoción para personas no empadronadas en el municipio donde se construyan los pisos protegidos.

Pese al voto particular de Comisiones Obreras, el dictamen propone que los propietarios de viviendas de protección oficial puedan descalificarlas a través de la devolución voluntaria de las ayudas. Para la secretaria de acción socioeconómica de CC OO, Dolors Llobet, la propuesta es inviable porque "no se puede devolver la ayuda principal, que es el suelo".

El CTESC considera "positivo" que la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales sea considerada en el anteproyecto como un servicio "de interés general", y reclama la "necesaria inversión pública" para garantizar el cumplimiento de este principio. Con todo, el dictamen cuestiona la constitucionalidad de las reservas destinadas a vivienda de protección oficial sobre suelo urbano consolidado. Esta posibilidad "puede suponer una limitación y un agravio a la propiedad", por lo que el consejo recomienda que el Gobierno catalán pida un dictamen jurídico para garantizar la constitucionalidad de la ley.