El TSJA obliga al Ayuntamiento de Palos de la Frontera a intervenir en una obra ilegal en Mazagón
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) a "restablecer la legalidad" en las obras de construcción de chalés que la empresa Gibrapark construye en la playa de Mazagón. En su resolución, el TSJA ratifica el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva, dictado en junio de 2005, rechaza el recurso del Consistorio y, además, impone una multa de 150 euros al alcalde, Carmelo Romero (PP), como "responsable último de la no ejecución de esta sentencia".
El juzgado onubense dio un plazo de diez días al Ayuntamiento de Palos para ejecutar la sentencia que le obligaba a velar por la "legalidad" y, en caso de que la empresa no procediese a la orden, tendría que "ser ejecutada por el Consistorio como responsable subsidiario". No obstante, este auto, como ocurriera con diferentes órdenes en este sentido en los años 2003 y 2005, fue recurrido por el Ayuntamiento de Palos.
El tribunal andaluz expone que "la secuencia de las actuaciones desapodera por completo el recurso de apelación del Ayuntamiento, de suerte tal que, si al Juzgado cabe reprochársele algo, es la tardanza en haber dictado la resolución". A juicio del TSJA, resulta "inaceptable la dilación y la renuncia de la autoridad administrativa en la obstaculización del cumplimiento de la sentencia, en una actitud que choca frontalmente con el mandato constitucional de respeto a la potestad jurisdiccional, de hacer ejecutar la sentencia" y destaca lo "inaudito de un recurso contra el auto del tribunal onubense, que parece imprimir aún más dilación al cumplimiento del auto".
Casos similares
Con estos argumentos, el tribunal andaluz desestima "íntegramente" el recurso del Ayuntamiento de Palos y ordena que se proceda "de inmediato al cumplimiento de lo acordado", además de imponer el pago de las costas a la institución onubense. Según algunos vecinos de Palos, este caso "no es el único que se da" en la playa de Mazagón. Carmen Gómez denunció junto a otros vecinos la edificación "ilegal" ante los tribunales de un chalet por la empresa Zíngara de Construcciones en la parcela Valdemorales, "por no cumplir con los requisitos establecidos de altura y volumetría, entre otros". Esta denuncia fue ratificada y en ella se personó la Junta de Andalucía.
Este caso se remonta a 1997, aunque el Ayuntamiento de Palos emitió un decreto en 2001 por el que ordenaba la paralización de estas obras de las que sólo estaba el esqueleto del chalet, que "nunca se cumplió" porque "las obras continuaron e incluso el propietario mora en la vivienda desde 2003". El TSJA dio al Ayuntamiento un plazo de diez días para "hacer cumplir el decreto de 2001 y derribar el chalet".
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- TSJ Andalucía
- Infracciones urbanísticas
- Corrupción urbanística
- Playas
- Costas
- Provincia Huelva
- Ayuntamientos
- Tribunales
- Administración local
- Corrupción política
- Delitos urbanísticos
- Vivienda
- Andalucía
- Corrupción
- Espacios naturales
- Poder judicial
- Obras públicas
- Delitos
- España
- Proceso judicial
- Política
- Urbanismo
- Administración pública
- Medio ambiente
- Justicia