La oposición municipal de Orihuela denuncia que hay 8.000 casas ilegales

La oposición municipal del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) denunció ayer la existencia de 8.000 viviendas ilegales en el término municipal. El portavoz del Grupo Socialista, Francisco García Ortuño, acusó al PP, que gobierna con mayoría absoluta desde 1987, de no tener interés en ordenar el planeamiento urbanístico de la ciudad, que no se ha modificado en los últimos 10 años. "Como nadie puede edificar, hay que ir a planes parciales y así hacen un monopolio a favor de los constructores amigos", indicó el edil de la oposición. García Ortuño indicó que en la actualidad hay pendientes de resolver en el Ayuntamiento de Orihuela, que preside el popular José Manuel Medina, un total de 31 planes parciales que prevén la construcción de 91.000 viviendas.

"Es una cuestión de intereses económicos. Si sigue así esto será parecido a Marbella. Aquí puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento", sentencia García Ortuño, que denuncia la existencia de un sinfín de construcciones ilegales, hoteles incluidos, fundamentalmente en la zona costera. El concejal de Los Verdes del País Valenciano, Montserrat Guillem, anunció que mañana solicitará al Consejo General del Poder Judicial que traslade las denuncias del fiscal anticorrupción Felipe Briones que se instruyen en el juzgado de instrucción número cuatro de Orihuela a una instancia superior.

Dos coches y un chalé

El fiscal ha apreciado indicios de delito por malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación en una treintena de casos relacionados con la gestión urbanística y contable del Ayuntamiento de Orihuela. Entre los denunciados figuran el alcalde José Manuel Medina, cuatro concejales del PP y una asesora municipal, cuatro promotores locales y una gran constructora. Medina conduce un Audi A-8 y un Rolls y vive en un chalet que son propiedad de un par de constructores locales, a los que se les han aprobado distintos proyectos urbanísticos.

Para el concejal de Los Verdes el juzgado que instruye estas denuncias está "colapsado" y no podrá atender las causas antes de dos o tres años. Guillem teme además "las lógicas presiones que se puedan dar". El edil recordó que, aunque los juzgados de Orihuela disponen de espacio público para aparcamiento, el Ayuntamiento gobernado por el PP ha estado pagando ocho plazas en un aparcamiento privado para jueces, fiscales y secretarios. "Esto ha llegado al límite, o actúan ahora o será una ciudad sin ley", dice Guillem que denuncia que en el término municipal han llegado a aparecer urbanizaciones de la noche a la mañana de manera ilegal.

El secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Joan Ignasi Pla, aseguró ayer que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha optado por "estar con los corruptos". "El círculo se le va cerrando y está metido dentro de él y, por tanto, es uno más ya", sentenció Pla.

Por su parte, el vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, se quejó de que la fiscalía no haya abierto ninguna investigación que afecte a los socialistas. Los populares creen que el fiscal jefe del TSJ, Ricard Cabedo, casado con una diputada del PSOE, actúa con parcialidad. La diputada estatal de IU, Isaura Navarro, anunció ayer una interpelación al Gobierno para conocer qué medidas adoptará contra la corrupción urbanística.