El colegio de arquitectos recurre contra la reforma urbanística de Murcia

El Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) con la finalidad de paralizar el desarrollo urbanístico ilegal que, a juicio del colegio profesional, se viene produciendo en el municipio de Murcia y que prevé la construcción de unas 100.000 viviendas en los próximos diez años.

En concreto, los arquitectos murcianos pretenden frenar una modificación (aprobada por el pleno del Ayuntamiento) del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), de 2001, que vendría a regularizar, según el colegio, los numerosos convenios urbanísticos posteriores a ese año. Esos convenios entre los empresarios y el Ayuntamiento, comentan los arquitectos, han desvirtuado de forma ostensible la finalidad de la planificación urbanística de Murcia.

Uno de los puntos más controvertidos es el denominado teletransporte de la edificabilidad. Se trata de una figura urbanística que permite obtener plusvalías en la edificabilidad de terrenos en los que se puede construir, cediendo al Ayuntamiento otros terrenos forestales. El teletransporte ha sido adoptado en numerosos municipios de la Región de Murcia, pero tiene en la capital regional su máximo exponente.

Según los cálculos realizados por el concejal del PSOE, Marcos Ros, "el teletransporte de la edificabilidad ha permitido que una veintena de empresas, muchas de ellas representadas por la mercantil Famu, haya obtenido unas plusvalías netas de al menos unos 1.200 millones de euros".

La figura arranca de la modificación de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobada en 2001 y que tiene como consecuencia final la desprotección de unas 14.000 hectáreas de suelo que hasta ese momento no eran urbanizables. La disposición adicional tercera de la Ley del Suelo de Murcia, que es la que desprotegió estos terrenos, está recurrida por el grupo parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ante el Tribunal Supremo.

Las dos zonas en las que más hectáreas se perdieron fueron la Marina de Cope, en la que está previsto construir ahora un complejo turístico con más de 20.000 viviendas y la Sierra de Carrascoy, parte de ella en el municipio de Murcia.

El plan general de Murcia sostiene que los terrenos forestales de la Sierra de Carrascoy, que fueron desprotegidos por la Ley del Suelo, tienen la consideración de forestales, aunque de forma incomprensible son urbanizables.

Así, las empresas que compren terrenos en la Sierra de Carrascoy, habitualmente a bajo precio ya que muchos de los propietarios iniciales desconocen la posibilidad de teletransportar la edificabilidad, pueden elevar de forma ostensible el número de viviendas que construyen en sus promociones urbanísticas. Para obtener esta plusvalía sólo tienen que ceder los bosques al Ayuntamiento, que le concede un aumento de la edificabilidad similar en las zonas en las que sí se puede construir, a varios kilómetros de distancia de la sierra.

Como ejemplos de este aumento del número de viviendas gracias al teletransporte, están los cuatro convenios urbanísticos firmados recientemente en el Norte de la ciudad de Murcia, en el que a los cuatro millones de metros cuadrados de superficie construible se le añaden cerda de tres millones de metros cuadrados gracias a la cesión de los bosques al Ayuntamiento de Murcia, que acepta todas las cesiones de terreno, independientemente de dónde esté.

Asimismo, el Colegio de Arquitectos denuncia que una de las iniciativas del presidente de los Promotores de la Región de Murcia, José López Rejas, que ha levantado la polémica en el barrio de La Paz, es ilegal, al considerar que la construcción de viviendas utilizará suelo público en beneficio privado, según explicaron a EL PAÍS fuentes de esta institución.