La mala salud de hierro del tripartito

Desde su constitución en diciembre de 2003, el Gobierno tripartito ha sufrido en carne propia experiencias similares a las terroríficas pruebas de Dios de la Edad media. El Ejecutivo catalán se ha visto sometido, con una periodicidad endiablada, a duros desafíos en apariencia insalvables: la dimisión de Josep Lluís Carod Rovira tras la entrevista con ETA, los enfrentamientos por el tendido de la línea de alta tensión desde Francia, las diferencias sobre infraestructuras viarias o por la nueva ley electoral. Actualmente, cuando a duras penas sobrevive a las diferencias entre los socios sobre el Estatuto catalán, ha saltado a la palestra el episodio de la financiación de Esquerra Republicana de Catalunya a través de sus cargos de confianza en el Gobierno. Y a pesar de todo, el tripartito catalán goza de una envidiable mala salud de hierro.

Decía el líder del PP catalán, Josep Piqué, que lo que mantuvo unidos durante sus 23 años de Gobierno a Unió y a Convergència, con sus trifulcas políticas más o menos soterradas pero siempre presentes: era la fórmula magistral del cemento del poder. Ahora esa sociedad de intereses que genera el ejercicio de la gobernación se repite con la coalición de izquierdas que integran el Partit dels Socialistes, Esquerra e Iniciativa (ICV), un Ejecutivo que sobrevive a pesar de codazos y golpes bajos no sólo provenientes de la oposición convergente o popular, sino de los propios socios.

"Iniciativa es como esas moscas que molestan porque sienten la necesidad de hacerse notar y porque eso es la única cosa que parece dar sentido a su vida", aseguran desde sectores republicanos del Gobierno catalán. Desde otro departamento del Ejecutivo tampoco le faltan críticas a "la inmadurez de Esquerra" que con "sus actitudes sectarias e irresponsables" está poniendo en grave riesgo la continuidad del Gobierno. Una tercera voz, también en primera línea del tripartito, critica "la prepotencia socialista" y asegura que, a pesar de todo, PSC, ERC e ICV están condenados a entenderse si quieren mantenerse en el poder y actuar de contrapeso a CiU. El PSC sabe que debe contar con sus socios para hacerse con la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones. Con la vigente normativa electoral, si quiere superar a CiU en diputados -votos ya tiene 7.000 más- precisa unos 140.000 nuevos sufragios.

A este complejo escenario, se añade la ilimitada capacidad autodestructiva del tripartito, tal como aseguraba recientemente el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura. Junto a Saura, fuentes próximas al primer consejero, el republicano Josep Bargalló, y al propio presidente, Pasqual Maragall, coinciden en señalar que la actividad que ha desarrollado este Gobierno es cuando menos notable: ley de barrios, el pacto nacional por la educación -que ha sentado en la mesa a patronal, Administración y sindicatos para sustraer la enseñanza de los vaivenes políticos-, el pacto por la competitividad o la aprobación de una treintena de leyes entre las que figura la de adopción por parejas homosexuales. Pero el ruido ha primado sobre el trabajo que los distintos departamentos han ido desarrollando de forma autárquica. "Maragall está metido en grandes ideas: Estatuto, Constitución, España plural... Pero la labor cotidiana va algo desangelada", asegura un consejero.

Y ahora que el Estatuto podría haber llevado algo de paz a esta torturada casa común, la división vuelve a aflorar precisamente en el programa estrella del tripartito. PSC e ICV-EUiA han dado su sí al Estatuto, mientras que Esquerra se opone. Puede que esta sea la última y definitiva prueba de Dios. Porque, aunque poco a poco, en ese constante gusto por andar sobre las brasas, el tripartito, según los analistas, acabará dejándose la piel.