La justicia limpia su fama de corrupta en Marbella

La Operación Malaya contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella, y la de Ballena Blanca contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol, ambas instruidas por el juez Miguel Ángel Torres, han servido a la administración de Justicia para restituir una imagen que ha estado tradicionalmente empañada por sombras de corrupción.

Ello ha venido propiciado además por una amplia renovación de la plantilla de jueces y la creación de tres nuevos juzgados, la designación en los últimos tres años de un fiscal contra los delitos urbanísticos y otro anticorrupción adscritos a la Audiencia de Málaga, y el refuerzo de las fuerzas de seguridad con la creación de grupos Udyco y Udef.

Las sospechas de corrupción en Marbella no sólo han afectado a la actividad política; también a la judicial, campo hasta el que se extendieron las redes del gilismo, simbolizada de manera singular en la juez Pilar Ramírez y su padre, Juan. Sobre los manejos de este oficial de los juzgados ya alertó en 1987 Baltasar Garzón, entonces inspector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En aquel informe recomendó vigilar a Ramírez, uno de los personajes más conocidos e influyentes de Marbella, que hizo de intermediario en alguna operación inmobiliaria en la zona del que fuera vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares, considerado su protector.

En 1993, la juez Blanca Esther Díez denunció a Ramírez por corrupción y ordenó su ingreso en prisión. Pero perdió el pulso, los fiscales alegaron defectos de forma, el caso cambió a otro juez y en 1994 Díez fue inhabilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Un año después, el Tribunal Supremo la rehabilitó.

Faltas muy graves

En 1999, la que fuera juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, fue suspendida durante cuatro años por el Tribunal Supremo -inicialmente el CGPJ la expulsó de la carrera judicial- por dos faltas muy graves: incumplir su deber de abstención en un asunto que afectaba al Ayuntamiento de Marbella y a su familia, y por ejercer como juez en una localidad con menos de 100.000 habitantes entonces, donde su padre tenía importantes negocios.

La juez Ramírez protagonizó pulsos por los turnos de los casos con el juez Santiago Torres, que en enero de 1999 encarceló a Jesús Gil por desviar dinero del Ayuntamiento para el Atlético de Madrid, y que abandonó la ciudad poco después.

Muy sonado fue el robo de 13 sumarios de casos en los que estaba implicado Gil en agosto de 2001, que se archivó sin que aparecieran sospechosos. El principal, un funcionario judicial, se suicidó mientras la policía registraba su casa.