"En Marbella, ha habido persistencia en la ilegalidad"

Molesta por las críticas, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez (Jaén, 1954), defiende la actuación de la Junta de Andalucía en la lucha contra el urbanismo ilegal en el Ayuntamiento de Marbella. Destaca que las primeras actuaciones de la Administración autonómica datan de 1995.

Pregunta. ¿Le ha sorprendido que el caso de Marbella haya explotado de una manera tan espectacular?

Respuesta. Alguien puede pensar que la justicia es lenta, pero, cuando se toma las cosas en serio, al final es contundente. Todas las denuncias planteadas y las comunicaciones al fiscal de irregularidades en materia urbanística se están investigando y al final, lógicamente, todo el poder de la ley se ha puesto de manifiesto.

"En Marbella había un grupo de señores que manejaba a su antojo el urbanismo"

"El Ayuntamiento nunca ha asumido que el urbanismo era una cuestión pública"

P. ¿Tenía alguna sospecha o información de que la situación estaba tan deteriorada?

R. Lo que esta consejería ha visto, en materia urbanística, es que el actual equipo de gobierno ha hecho lo mismo que los anteriores equipos de gobierno, es decir, dar licencias ilegales; dar licencias por silencio positivo; dar la apariencia de cumplimiento de los autos judiciales y, por la noche, permitir a las empresas que continuaran el trabajo... Este equipo de gobierno se ha puesto fuera de la legalidad urbanística. Este tema es paralelo a la actuación del juez y de la fiscalía. Ante todas las ilegalidades urbanísticas, nosotros hemos recurrido al contencioso-administrativo o acudido a la fiscalía si creíamos que era constitutivo de delito.

P. El tema está ahora en el ámbito penal, pero detrás de toda la trama está precisamente el urbanismo.

R. El tema parte desde que no se respeta el plan urbanístico de 1986, que es el legal. Se empiezan a dar licencias en zonas verdes o de equipamientos. A partir de ahí, cuando hay sentencias que dicen que eso es ilegal, pretenden una consolidación de la ilegalidad dando cédulas de habitabilidad en contra de los autos judiciales y eso, lógicamente, tiene un trasfondo penal.

P. Da la sensación, a tenor de la ocurrido, de que los detenidos pensaban que actuaban con impunidad. Todo el mundo sabe que la lupa de la justicia y de la Administración estaba sobre el Ayuntamiento de Marbella.

R. Ésa es la percepción que han podido tener para llegar al extremo que han llegado. Hay que tener en cuenta que en 2003 hubo un cambio de criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: en este cambio se determinó que las licencias ilegales estaban alterando el modelo de ciudad y, a partir de ahí, se aceptan las suspensiones cautelares. Ha habido persistencia en la ilegalidad en el equipo de gobierno. Parece que tenían la sensación de que la justicia no iba a actuar con la contundencia con la que ahora está actuando.

P. Cuando la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, llegó a la alcaldía en 2003, usted dijo entonces que la designación de Juan Antonio Roca como asesor de urbanismo no presagiaba nada bueno. ¿Era tan evidente?

R. El problema es que el urbanismo, en vez de ser responsabilidad del Ayuntamiento, estaba dirigido por una persona como Roca. La Junta advirtió de que esa forma de actuar no era la adecuada. Dijimos que el urbanismo tenía que estar en el ámbito de lo público y no ser manejado desde el interés privado. Ésa fue una de las condiciones que se puso a la alcaldesa de Marbella para iniciar un proceso de normalización y de elaboración del planeamiento urbanístico. El Ayuntamiento nunca ha asumido que el urbanismo es una cuestión pública y que, por tanto, no puede estar un privado haciendo y deshaciendo en función de sus intereses y no del municipio.

P. ¿Qué opina del papel de Isabel García Marcos, que entre 1991 y 2003 combatió el fenómeno del gilismo y ahora está detenida por su supuesta implicación en la trama?

R. No me sorprende nada. En 2003 se sumó a la moción de censura en contra de lo que planteó el PSOE. Es una tránsfuga. Renunció a toda la disciplina de partido y primó su interés personal.

P. Marbella es el exponente más claro de la corrupción ligada al urbanismo, pero éste es un fenómeno que aparece cada vez más en otros ayuntamientos. ¿Habría que revisar qué está pasando?

R. No se puede demonizar a los ayuntamientos por casos aislados. La gestión del urbanismo no es igual en todos sitios. Hay casos concretos, pero, a partir de la actuación de la justicia y de la Administración autonómica en Marbella, evitaremos que otros entren en esa vía de precipicio.

P. Pero sí hay cierta desconfianza. La Junta ha aprobado una norma para retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos ante casos de infracción grave de la legalidad.

R. Esa ley no es de caso único, sino de supuesto específico. Se trata de actuar muy contundentemente cuando se pasa el límite de la legalidad, pero no hay que generalizar.

P. ¿Qué piensa cuando oye que la Administración autonómica apenas ha luchado contra el urbanismo ilegal en Marbella?

R. No se quiere reconocer lo que ha sido un trabajo silencioso e, incluso, no comprendido, que empieza en 1995. Ese año se presentan las primeras denuncias de la Junta frente al urbanismo de Marbella. Es curioso que el PP, que ahora tanto reclama, en 1998 fue de los que apoyó el plan de Jesús Gil. Hemos luchado con falta de comprensión por parte de otros poderes: en los ocho años de gobierno del PP no hubo una actuación clara y contundente como la que hay ahora. Fue clave que en 2003 consiguiéramos un posicionamiento diferente de los tribunales. Lo importante es que a partir de esa fecha las sentencias que se están obteniendo son claramente favorables al posicionamiento de la Junta. Afortunadamente, hoy la ciudadanía rechaza de forma rotunda estos modos de hacer urbanismo. Doy por buena toda esa travesía del desierto en solitario contra Gil, contra su forma de hacer urbanismo, porque finalmente la realidad ha sido clara.

P. Sí, pero esa demora de la justicia en pronunciarse ha dado lugar a situaciones que ya prácticamente son irresolubles como edificios construidos que son declarados ilegales y que han condicionado lo que es la ciudad.

R. Sí, y ahora tendremos procesos concretos, de edificios concretos. Todos hemos aprendido que las suspensiones cautelares son un mecanismo muy importante. La demolición automática, cuando hay una actuación sin licencia, es un instrumento de defensa de lo público, de disciplina urbanística. También ha habido un reforzamiento de todas las competencias autonómicas en materia de disciplina urbanística, que hasta ahora sólo estaba en las manos de los ayuntamientos. A partir de la Ley Urbanística de Andalucía ya hay temas claros donde si no actúa el ayuntamiento puede actuar la comunidad autónoma. La justicia tarda tiempo en pronunciarse, pero cuando lo hace va abriendo nuevos cauces para que los poderes públicos, sobre todo los municipales, tengan claro que el urbanismo no puede ser una fuente de financiación diferente de lo que debe de ser y que no puede haber mezcla entre intereses privado y lo público.

P. ¿Le preocupan las críticas a la labor de la Junta en el caso de Marbella?

R. Lo que me preocupa es que pueda haber desánimo entre los funcionarios. Lo demás se da todo por bueno a cambio de que al final consigamos que el Estado de Derecho reluzca. El caos urbanístico, la falta de una legislación clara es sinónimo de inseguridad jurídica, de falta de transparencia. Es lo que estamos viendo en Marbella, donde había un señor o un grupo de señores que manejaban a su antojo temas que los sacaban de lo público para beneficiarse individualmente.

P. ¿Es partidaria de la disolución del Ayuntamiento?

R. Mi preocupación es que Marbella cuente con un plan urbanístico. Hay otros ámbitos de decisión que deben pronunciarse cuando se sepa la resolución judicial. Lo que yo quiero son unas reglas del juego claras para Marbella. La Consejería ya está en la fase de prepararse para trabajar por el futuro de la ciudad. Quiero que todas las partes se pronuncien cuanto antes en el expediente para la retirada de las competencias urbanísticas. Estamos trabajando para tener cuanto antes una oficina de planeamiento y un plan para Marbella.

P. ¿Si se produce la disolución del Ayuntamiento puede haber un cambio en la decisión de retirar las competencias urbanísticas a Marbella o son dos procesos paralelos?

R. Son procesos paralelos. Si sabemos que una persona tiene cáncer, hay que intervenir. A nuestra consejería le corresponde el tratamiento del cáncer, independientemente de que pueda haber otras dolencias que tratar. La retirada de competencias es inevitable e ineludible y además es la condición de futuro del Ayuntamiento de Marbella.

P. ¿Cuándo va a culminar el expediente de retirada de competencias?

R. Ahora estoy en el trámite de audiencia del Ayuntamiento de Marbella. Para el verano podemos tener la oficina del PGOU en Marbella, propuesta por la Junta, para abordar la elaboración del plan con la colaboración ciudadana.

P. El plazo que tiene el Ayuntamiento de Marbella para presentar alegaciones termina el 7 de abril. ¿La situación que vive la corporación modifica esta previsión?

R. No. Ellos han mandado sus representantes jurídicos y estarán trabajando en la materia.