El valor de lo incautado supera los 2.400 millones de euros

La Operación Malaya puede alcanzar un valor económico récord en el historial policial de la democracia española. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, avanzó ayer la cifra de 2.400 millones de euros, pero fuentes policiales reconocen que esa cifra se va a quedar corta a la vista del "valor razonablemente incalculable" que están alcanzando los bienes incautados a los imputados, bienes que en su inmensa mayoría son propiedad, a través de testaferros, de Juan Antonio Roca, verdadero cerebro de la trama de intereses económicos instalados en Marbella desde la llegada de Jesús Gil al poder.

"Esta operación puede triplicar el valor de lo incautado en la Operación Ballena Blanca", destacó una fuente de la investigación, quien añadió: "Esta es la demostración de cómo se ha esquilmado en beneficio de unos pocos el patrimonio de toda una ciudad. Pasará mucho tiempo hasta que encontremos algo parecido a esto". "Hemos de tener en cuenta", afirmó otro investigador, "que esta operación está todavía activa, que estamos en las primeras fases, que podemos afirmar que sólo conocemos un 40% de lo que aquí ha sucedido".

La Operación Malaya, que se lleva fraguando desde el pasado mes de octubre y que ha debido adelantarse a la vista de las dificultades para mantener el secreto de las investigaciones, tiene un verdadero protagonista: Juan Antonio Roca, el hombre que manejaba los hilos del urbanismo en Marbella. Dado que la operación sigue activa, fuentes de Interior reconocen que aún están pendientes de la contabilización del dinero depositado en cuentas corrientes de 80 entidades bancarias y que, respecto a los bienes patrimoniales, "necesitaremos la ayuda de expertos y de peritos para poder fijar una valoración a la vista de la magnitud y de las características de lo que nos estamos encontrando".

La Operación Malaya ha permitido a la policía incautar objetos de valor, desde fincas, caballos de pura raza, un helicóptero, toros de lidia, obras de arte, joyas, y vehículos de lujo, controlado en su mayor parte por la red de sociedades supuestamente tejida mediante testaferros por Juan Antonio Roca.

Nuevos registros

La policía practicó ayer nuevos registros en dependencias municipales de Marbella y detuvo a otras dos personas, el abogado Ernesto C. G., en Madrid, y el empresario malagueño Julio D. M. R., acusado de presunto cohecho. El ministro José Antonio Alonso resaltó ayer que los policías, los jueces y los fiscales, "cuando detectan una estructura o una trama de corrupción hacen lo que tienen que hacer, desmantelarla".

La alcaldesa, Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y los concejales José Jaén y Victoriano Rodríguez permanecieron ayer en los calabozos de la comisaría de Policía de Málaga, a la espera de pasar hoy a disposición judicial. El magistrado instructor del caso, Miguel Ángel Torres, dedicó la jornada de ayer a estudiar la numerosa documentación incautada en los registros policiales y presumiblemente hoy comenzará a tomar declaración a los arrestados.

Marisol Yagüe y Juan Antonio Roca testificaron ante la policía, pero García Marcos se acogió a su derecho constitucional a no hacerlo. El abogado de la alcaldesa de Marbella, Pablo Luna, informó de que la alcaldesa "se declaró inocente" y dijo tener la conciencia muy tranquila.

El letrado aseguró que su representada se encuentra "muy mal" tanto psíquica como físicamente, pues anteayer fue intervenida de un tumor en la espalda y tiene una herida con 17 puntos de sutura que le hace estar "muy molesta". "No está en condiciones de estar en el calabozo", dijo Luna, que pidió a la policía su traslado a la enfermería de las dependencias policiales. También insistió en la inocencia de los ediles el abogado José Carlos Aguilera, defensor de García Marcos y José Jaén, quien lamentó no saber ni siquiera de qué se les acusa.

Expertos informáticos de la Dirección General de la Policía se desplazaron ayer a Marbella para rescatar toda la información de los ordenadores municipales. En el Ayuntamiento permanecieron precintadas dos cajas fuertes de los despachos de la alcaldía, a la espera de que puedan ser abiertas. El juez Miguel Ángel Torres determinó que el interventor, Juan Antonio Castro, fuera responsable de que dichas cajas se mantuvieran selladas hasta conseguir abrirlas.

La Gerencia de Urbanismo permaneció en la mañana de ayer custodiada por dos patrullas de policía, y en su interior los investigadores daban órdenes a una veintena de técnicos y auxiliares para que les facilitaran las claves y poder acceder a los distintos ordenadores que contienen información sensible.