El Ararteko aprecia irregularidades de la Administración en el 38% de las quejas

El Ararteko apreció irregularidades por parte de las diferentes administraciones en el 37,79% de las quejas que recibió de los ciudadanos durante el año pasado. La oficina del Defensor del Pueblo vasco registró en 2005 un total de 1.459 reclamaciones (70 menos que en 2004) contra alguna de las administraciones que actúan en Euskadi, según el informe que el titular de la institución, Iñigo Lamarca, entregó ayer a la presidenta del Parlamento, Izaskun Bilbao. Lamarca demandó a las instituciones una atención de "mayor calidad" hacia los ciudadanos, que en ocasiones se han sentido "maltratados".

En función del área al que van dirigidas las quejas, se puede comprobar que en 2005 se produjeron algunos cambios con respecto a años anteriores. De esta forma, desciende el número de reclamaciones sobre urbanismo y vivienda debido, fundamentalmente, a que en 2004 se tramitó un importante número de quejas por el incumplimiento de la normativa de accesibilidad con relación a las obras de reforma realizadas en varios edificios de San Sebastián. Sin embargo, el ararteko destacó la irrupción de las reclamaciones presentadas por los jóvenes por los graves problemas que tienen de acceso a su primera vivienda. "Es un problema que va a más", resaltó Lamarca.

El mayor número de reclamaciones se ha dirigido contra los ayuntamientos, el 47,29% del total. Las quejas contra el Gobierno suponen el 35,05%, mientras que otro 12,62% se refiere a actuaciones de las diputaciones. Los municipios de Vizcaya han recibido el 49,21% del total de las reclamaciones, los ayuntamientos guipuzcoanos, el 29,45%, y los alaveses, el 17,59%.

A pesar de la importancia del número de quejas, el Defensor del Pueblo consideró aún más importante la actitud de la Administración cuando el Ararteko se pone en contacto con ella para intentar resolver la situación. "Resulta fundamental comprobar si las recomendaciones y sugerencias son aceptadas o no cuando se comprueba que la institución afectada ha actuado de manera irregular".

Las administraciones han enmendado la actuación que motivó la queja en el 95,96% de las reclamaciones en las que, tras su estudio, se ha estimado que había alguna irregularidad. En la mayoría de los casos lo ha hecho sin que fuese necesario efectuar una recomendación, que es la última baza que juega el Ararteko cuando se encona la disputa con la institución afectada. "El grado de eficacia de la oficina del Defensor del Pueblo es, por tanto, muy satisfactorio", señaló Lamarca.

Resistencia a colaborar

A pesar de ese optimismo, constató que en el estudio de las quejas se puede apreciar el disgusto y la rabia que sienten los ciudadanos cuando no obtienen ninguna respuesta de la Administración a sus peticiones. "Existen actitudes de prepotencia y de abuso", se lamentó Lamarca, quien apeló a las instituciones a ofrecer mejores canales de información y de participación. Es el caso, refiere, del Ayuntamiento de Bilbao, del Departamento de Interior y de la Junta Administrativa de Hereña.

Se trata de tres casos recalcitrantes de falta de colaboración con la institución, que ha agotado su recorrido enviándoles varios apercibimientos sin obtener ninguna respuesta. Han llegado al punto en el que si el Ararteko lo considera oportuno puede solicitar la intervención de la fiscalía. La última vez que recurrió a este extremo, el fiscal inhabilitó para ejercer cargo público al alcalde de Pasaia, quien se había negado sistemáticamente a colaborar con el Ararteko.

El apercibimiento supone el final del camino. Una vez que el Defensor del Pueblo vasco recibe una queja de un ciudadano, la estudia y comprueba que existe una irregularidad solicita información a la Administración implicada. Cuando ésta no ofrece la documentación después del tercer requerimiento, llega el apercibimiento.

Cuando el Ararteko cerró su informe de 2005, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna; el director de gabinete de Interior, Javier Portuondo, y el presidente de la Junta Administrativa de Hereña, Iñigo Martínez de Trespuentes, no habían respondido a los apercibimientos. Por lo que se refiere a Interior, las peticiones de información del Ararteko guardan relación con la actuación irregular de un ertzaina a la hora de imponer una sanción de tráfico. En cuanto al Ayuntamiento de Bilbao, el contencioso se debe a la queja presentada por un ciudadano por una cuestión fiscal.