Los fraudes del censo

El artículo y el editorial denunciando los numerosos empadronamientos sospechosos detectados por el Instituto Nacional de Estadística y en los que, con vistas a las municipales del año próximo, se ha impuesto la revisión del censo de 5.856 poblaciones, sobre un total de 8.109 municipios, ya que las inscripciones fraudulentas en el padrón municipal de habitantes "es un viejo truco para ganar alcaldías, especialmente cuando soplan vientos inmobiliarios", vienen a reafirmarme en mis opiniones: los ayuntamientos (siquiera los de pueblos con menos de 2.000 habitantes, que son los que van a ser revisados por el INE) deben estar excluidos de cualquier competencia en materia urbanística.

En el propio artículo comentado se señala la paradoja de que mientras la vertiente española de los Pirineos se va llenando de construcciones residenciales o proyectos de ellas que generalmente apenas son utilizadas unas semanas al año, en la parte francesa la conservación es modélica. Evidentemente, la causa de estas diferentes situaciones la encontramos en los diferentes modelos de asignación de competencias urbanísticas en España y en Francia: en el primer caso, un modelo descentralizado hasta límites patológicos; en el segundo, un modelo férreamente centralizado en la capital de la República, que a la postre ha resultado más beneficioso para la protección del medio ambiente y del patrimonio arquitectónico.