Un acuerdo con más problemas de los previstos
El decreto de complementos de productividad del profesorado de la UPV que enfrenta a sindicatos, Rectorado y Gobierno nació como uno de los frutos más destacados del pacto que el 21 de diciembre de 2004 rubricaron el rector, Juan Ignacio Pérez, y la entonces consejera de Educación, Anjeles Iztueta, en Vitoria. El pacto, que pretendía simbolizar la vuelta al entendimiento y la coordinación entre ambas instituciones, establecía los mecanismos para eliminar el déficit de la UPV, desequilibrio financiero generado en buena medida por el pago de las ayudas en función de méritos académicos.
La UPV y Educación, además de cubrir el agujero económico, estimado en unos 21 millones de euros, trataron de sentar las bases definitivas para la administración y gestión de estos polémicos incentivos. El tercer punto del acuerdo señala la intención del Gobierno de abordar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Sistema Universitario Vasco, la regulación por decreto de estos complementos y establece la presentación de un primer borrador para enero de 2005, plazo que se demoró de forma considerable.
Dicho artículo 34 recoge la posibilidad de que el Gobierno fije complementos retributivos para el personal docente funcionario y también contratado -hasta entonces sólo los primeros podían beneficiarse de estas medidas-. Su valoración correspondería a la Agencia de Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario Vasco, organismo continúa sin entrar en funcionamiento.
Según el acuerdo, el decreto debe recoger que los complementos se atengan a la disponibilidad presupuestaria, algo a lo que se han opuesto los sindicatos, y la limitación del apoyo económico del Ejecutivo al 90% de la cantidad total prevista. El resto partirá de fondos propios de la UPV. De la misma forma, se marca que la regulación de estos incentivos debe estar guiada por una doble orientación: una vocación de generalidad -los sindicatos exigen una subida lineal dentro del sistema general de retribuciones y no el de complementos- y la idea de fomentar y promover la actividad profesional.
Además, apunta que las retribuciones adicionales se contemplarán en el marco más genérico del sistema retributivo del Personal Docente e Investigador (PDI), ámbito en el que los sindicatos reclaman la inclusión de los complementos, y que su implantación exigirá una nueva evaluación de todos los docentes que hasta el momento hubisen obtenido algún complemento.
