Estatuto y financiación autonómica
La reforma del Estatuto de Cataluña sigue su curso a pesar de las predicciones apocalípticas lanzadas desde algún partido político e incluso altas instancias del Estado. El tema de la financiación ha sido muy discutido pero el hecho es que el acuerdo alcanzado parece razonable. Los esfuerzos de algunos comentaristas para criticarlo son muy forzados y parecen buscar los tres pies al gato. En estas mismas páginas en mayo de 2005, cuando la propuesta de financiación del tripartito catalán era reciente, destaqué los aspectos de la propuesta que me parecía podían contribuir a la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica en la dirección del federalismo fiscal. En primer lugar, notaba el aumento de la capacidad normativa en materia impositiva que suponía la propuesta. En segundo lugar, aludía al establecimiento de mecanismos de nivelación para asegurar la solidaridad entre territorios mediante transferencias. Éstas sólo estarían limitadas por el mantenimiento del ranking de orden de renta per cápita de las comunidades antes de la nivelación. En tercer lugar mencionaba que el Estado se debía comprometer a compensar a las comunidades si introducía cambios legislativos que aumentasen sus gastos o minorasen sus ingresos. Finalmente, apuntaba a la cláusula de salvaguarda para que la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña reflejase su peso en el PIB, compensando además el déficit histórico acumulado. Estos elementos apuntados entonces conforman, con salvedades, aspectos sustanciales del pacto actual junto con la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña para tributos propios y cedidos a la Generalitat y la equiparación entre el Estatuto y la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El acuerdo deja abierta la contribución de Cataluña a la nivelación en los servicios básicos del Estado del bienestar a la negociación futura con el Estado y otras comunidades autónomas y no menciona la equiparación necesaria en inversión pública para compensar el déficit histórico, bien documentado, en Cataluña.
Este acuerdo supone una evolución moderada en relación al modelo actual de financiación y, siendo éste el caso, cuesta entender las alarmas sobre la supuesta quiebra del Estado que puede provocar. De hecho, a pesar de que va en la dirección adecuada, me parece poco ambicioso en términos de apuntar hacia la reforma de la financiación autonómica en España. Para que el potencial de creación de riqueza de las regiones españolas se desarrolle plenamente se necesita un verdadero sistema de federalismo fiscal en donde las comunidades autónomas sean fiscalmente responsables. Creo que esto no será así hasta que el Estado no reduzca de forma sustancial las tarifas del IRPF, con cuyos ingresos provea los bienes públicos necesarios así como un mínimo de prestaciones, para dejar margen a un IRPF autonómico que confronte realmente a las regiones con decisiones impositivas para proporcionar servicios a sus ciudadanos. Éstos deben percibir de forma clara que existe una relación directa entre la presión impositiva autonómica y los servicios prestados por la comunidad por encima del mínimo garantizado estatal. La discusión fundamental aquí es cuál es este mínimo nivel de prestaciones que el Estado quiere garantizar en todo el territorio español. Ésta es una cuestión central que deberíamos estar discutiendo de forma abierta y transparente.
Me gustaría pensar, aunque tengo serias dudas dado el empecinamiento de algunos en enfrentar a comunidades para obtener réditos políticos, que la discusión de los aspectos económicos del Estatuto darán paso a un debate en profundidad del modelo de financiación de las autonomías para dotarnos de los instrumentos necesarios para competir en el marco globalizado de hoy. Ya no podemos esperar mucho más del maná de Bruselas y debemos pensar muy bien cómo haremos frente a las necesidades de inversión en infraestructuras y capital tecnológico que necesitamos para que el crecimiento no se agote. Una ventaja del federalismo fiscal es que facilita que distintas regiones tomen estrategias diferenciadas y desarrollen su ventaja competitiva en el mercado global. Así una región puede invertir en infraestructura de calidad alta e impuestos elevados o bien una de calidad media e impuestos más bajos. Para ello es necesario que las distintas comunidades tengan capacidad de gasto responsable fiscalmente así como de gestión de infraestructuras. En este sentido, la capacidad de gestionar aeropuertos es crucial para que una región pueda definir su estrategia de desarrollo hoy. El resultado del sistema de federalismo fiscal sería que España en su conjunto contaría con una cartera diversificada de proyectos estratégicos que redundaría en retornos elevados con riesgo moderado. El sistema de nivelación aseguraría a todas las regiones al mismo tiempo que no se ahoga a las regiones más dinámicas.
Xavier Vives es profesor y director del centro Sector Público-Sector Privado de IESE.
