Bush pide al Congreso un debate "civilizado y digno" sobre la reforma de la inmigración a EE UU

Con el eco de los gritos de cientos de miles de personas que se han manifestado en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, el Senado abre un difícil debate sobre la reforma de la inmigración. Las leyes, desbordadas, no dan solución ni a la demanda de mano de obra ni a la presencia de 12 millones de indocumentados. Republicanos y demócratas tienen posiciones encontradas. El asunto es explosivo en vísperas de las legislativas; iglesias, empresarios y sindicatos entran en la discusión y Bush pide que "nadie juegue con los miedos de la gente".

El presidente aprovechó ayer la ceremonia de naturalización de 30 inmigrantes procedentes de 20 países para pedir "un debate civilizado y digno" y defender su propuesta de trabajadores invitados y un refuerzo de la vigilancia en las fronteras. "No va a ser fácil", admitió, al tiempo que detallaba el plan: "Un programa de visados temporales es vital para la seguridad de las fronteras", porque crearía "una vía legal para aquellos que vienen a trabajar y reduciría radicalmente el número de los que entran clandestinamente".

Los grupos más preocupados por la seguridad después del 11-S se aliaron con los que temen las consecuencias de la presencia de indocumentados en el mercado de trabajo y en las redes de apoyo social, y sacaron adelante un proyecto de ley en la Cámara de Representantes con estos puntos:

-Ampliar los actuales tramos de valla fronteriza entre México y EE UU, que cubren unos 180 kilómetros, otros mil kilómetros -un tercio de la frontera- y reforzar la verja con una pared virtual de sensores y cámaras de vigilancia. -

-Convertir la inmigración irregular en un delito, en lugar de una falta.

-Castigar severamente a los empresarios que contraten a indocumentados.

El proyecto de ley no pasará el filtro de moderación que es el Senado, pero tampoco los senadores tienen una posición común; hoy se abre un periodo de dos semanas para tratar de llegar a un acuerdo. Las opciones en juego son:

-Bill Frist, líder de la mayoría republicana, propone ampliar el número anual de visados de inmigración y penalizar a las empresas que empleen a indocumentados, pero no dice nada sobre los 12 millones que ya están aquí.

- -Los republicanos John Cornyn y Jon Kyl proponen permisos temporales de cinco años para los indocumentados que se vayan de EE UU y soliciten volver.

-El republicano John McCain y el demócrata Ted Kennedy defienden una vía que refuerce la vigilancia, pero que legalice a los indocumentados si pagan impuestos atrasados y una multa, tienen trabajo y están aprendiendo inglés; después de seis años, obtendrían la residencia permanente.

Las dos últimas propuestas suponen para los grupos contrarios a la inmigración una amnistía encubierta, y la acusación contra Bush es similar. El presidente se mueve en terreno resbaladizo: los planteamientos simplistas contra la emigración tienen amplio eco en ciertos Estados, y más en vísperas de elecciones legislativas. Bush no puede aparentar mano blanda, porque lleva años jugando la carta de la seguridad nacional; y tampoco se puede enfrentar a los hispanos, sensibles a la reforma de la inmigración, porque son una apuesta electoral estratégica (un 44% de hispanos votaron a Bush en 2004).