Jueces españoles investigan en Marruecos el ataque islamista de Casablanca
Una delegación judicial española viajó ayer a Marruecos, en el marco de una comisión rogatoria internacional, para ampliar las pesquisas sobre personas que estaban siendo investigadas en España por su presunta relación con los atentados de Casablanca, en los que el 16 de mayo de 2003 fallecieron 45 personas, entre ellas cuatro españoles. Algunos investigados han sido vinculados al 11-M y el 11-S.
La comisión está formada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal del mismo organismo Pedro Rubira, el fiscal del Tribunal Supremo y ex jefe del ministerio público en la Audiencia, Eduardo Fungairiño, y el magistrado de enlace con Marruecos, Ángel Llorente.
El sumario sobre la relación entre personas investigadas en España y los atentados de Casablanca fue abierto por Baltasar Garzón, al que Grande-Marlaska sustituyó al frente del juzgado. Garzón creía tener indicios, y así lo hizo constar en varias resoluciones, de que "en los atentados de Casablanca estuvieron implicados antiguos seguidores de la célula de Al Qaeda de España, liderados por Imad Eddin Barakat Yarkas".
Explosivos incautados
Por otro lado, la Guardia Civil se ha incautado de 1.649 kilos de distintos explosivos durante el plan de inspección de los polvorines españoles lanzado tras el 11-M, atentado cometido con explosivos robados en una mina asturiana.
En los 16 meses de vigencia, han sido efectuadas 80.724 inspecciones a depósitos y otros negocios dedicados a actividades relacionadas con los explosivos. La Guardia Civil detectó 1.186 infracciones y requisó 945 kilos de Goma 2, otros 100 kilos del explosivo llamado riogel; otros 61 de amonita, 60 de dinamitas de otras marcas, 29 de nagolita y 454 kilos de otros tipos de explosivo (gelamonita, explosivo plástico). Además, pusieron bajo custodia 2.275 metros de cordón detonante, 10.000 unidades de detonadores eléctricos y 6,2 kilómetros de mecha.
El mayor número de inspecciones ha sido realizado en el País Vasco (con 13.878), Castilla y León (9.109) y Andalucía (9.096). Sin embargo, el mayor número de infracciones se localizó en Asturias (309), de donde salieron los explosivos del 11-M, Galicia (168) y Extremadura (139).
