Las compañías de móviles imponen penalizaciones por zanjar contratos

Las compañías de móviles quieren mantener a sus clientes a toda costa. Telefónica Móviles, Vodafone y Amena han introducido cláusulas de permanencia para penalizar a sus clientes de contrato (un total de 20 millones) con 150 euros si éstos se acogen a promociones, especialmente la obtención de un terminal subvencionado, y no se mantienen en la compañía durante 18 meses. Tratan así de frenar la sangría de la portabilidad, un mecanismo que permite cambiar gratis de compañía conservando el número, y que, sólo en 2005, usaron más tres millones de abonados.

Más de 300.000 abonados cambian de compañía cada mes llevándose su número de teléfono móvil gracias a la portabilidad, un procedimiento regulado legalmente por el que se mantiene el número y que ha desatado una competencia feroz entre las operadoras. Para arrebatarse los clientes, las compañías ofrecen generalmente planes de precios atractivos y, sobre todo, terminales de gama media y alta. Según sus cálculos, sólo en la subvención de terminales gastan al año más de 1.000 millones de euros.

Las compañías siempre han tratado de rentabilizar ese gasto obligando a los clientes a un tiempo mínimo de permanencia. Hasta el momento todas ellas tenían un compromiso de permanencia que el cliente firmaba cuando se acogía a una promoción o se cambiaba de compañía. Ahora han dado un paso más y han introducido esos compromisos de permanencia en el mismo contrato.

La cláusula es prácticamente la misma en las tres compañías: los usuarios que quieran acceder a un móvil subvencionado o a un plan de tarifas especiales, si se dan de baja antes de 18 meses, tienen que pagar 150 euros.

Amena introdujo esa cláusula hace más de un año, y Vodafone hizo lo propio hace un mes, si bien mediante una cláusula optativa que el cliente puede o no suscribir. Ahora se suma a ellas Telefónica Móviles. Aprovechando el envío de la factura correspondiente al mes de marzo, Movistar ha remitido una carta a sus más de 10,5 millones de clientes de contrato informándoles de que a partir del 1 de mayo, todos los contratos incluirán la citada cláusula de permanencia.

Dicha cláusula será de aplicación tanto a los nuevos clientes como a los antiguos que se acojan a algún tipo de promoción, bien de tarifas, bien de terminal. La modificación contractual ha sido comunicada a la Secretaría de Estado de la Sociedad de Información, el Instituto Nacional de Consumo, a la Agencia de Protección de Datos y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, además de a los usuarios.

Y es que, como aclaran las compañías, se trata de una cláusula completamente legal, que aplican muchas empresas de servicios como, por ejemplo, las de conexión a Internet o las televisiones de pago.

Los nuevos contratos tanto de Vodafone como de Movistar han aprovechado la modificación contractual para introducir en los mismos los derechos de los usuarios que contempla el nuevo marco legal establecido en el real decreto 424/2005, que regula las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. En el mismo se incluyen las compensaciones por corte del servicio, deficiente calidad o el derecho a una facturación transparente.

Las cláusulas de permanencia sólo afectan a los clientes de contrato, que supone alrededor de la mitad de los 42 millones de líneas móviles que hay actualmente en España.

Por otra parte, la Comisión Europea va a presentar hoy un plan para reducir drásticamente en la Unión el coste de las llamadas hechas con teléfono móvil de un país comunitario a otro para acercarlas lo más posible a las tarifas que a escala nacional se cargan cuando las llamadas pasan de una red a otra. Con datos del septiembre, esas llamadas internacionales, también llamadas roaming o de itinerancia, oscilan entre los 20 céntimos y los 13,08 euros entre diferentes compañías y países, informa Ricardo M. de Rituerto.

Decisión de Bruselas

El Consejo Europeo de la pasada semana llamó la atención sobre la trascendencia que tendría para la competitividad europea la reducción de los gastos de roaming, una jungla sin ley en la que el consumidor es sistemáticamente perjudicado. La competencia y la liberalización del mercado telefónico europeo no se ha traducido en los precios y los ciudadanos tienen grandes dificultades para conocer las tarifas que se les aplican.

Desde el pasado año, Vivian Reding, la comisaria de Sociedad de la Información, viene apelando infructuosamente contra los costes "excesivamente altos" de la itinerancia y lamentando que sigan sin reflejar a la hora de la verdad la impresión de precios baratos que crean los anuncios. En octubre, Reding hizo pública las dispares tarifas vigentes, que por una llamada de cuatro minutos entre dos países de la UE pueden variar entre los 20 céntimos y los 13,08 euros. En el cuadro, llamadas hechas con compañías españolas desde Chipre, Grecia, Irlanda y Letonia a España varían entre los 2,80 euros que aplica Amena en todos los casos, a los 7,20 que desde Chipre y Letonia carga Vodafone, que es sistemáticamente la más cara. Entre ambas queda Movistar.