Correos suma el 26% de multas por incumplir la Ley de Política Lingüística

Correos acumula más de la cuarta parte (26,54%) de las 143 sanciones impuestas por la Agencia Catalana del Consumo (ACC) desde que en 2003 entró en vigor la Ley de Política Lingüística, que obliga a las empresas de servicios públicos a tener sus rótulos, folletos informativos y otras comunicaciones al menos en catalán. Los datos fueron presentados ayer por el consejero de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huguet, quien destacó: "El 95,6% de los establecimientos inspeccionados se ajustan a la normativa".

La entidad de titularidad pública Correos suma el 26,54% de las sanciones, sólo superada por los estabecimientos minoristas (36,86%) y seguida de cerca por el sector de servicios (24,44%). Las multas hacen referencia sobre todo a la inexistencia de rotulación y señalización en catalán, y a la falta de documentos o folletos informativos redactados en esta lengua.

La Generalitat ya sancionó en 2004 a Correos con una multa de 30.000 euros, la más elevada impuesta en concepto de infracción de las leyes de política lingüística, por carecer de carteles impresos y formularios en catalán.

Desde 2003, la ACC ha realizado 3.632 inspecciones por infracciones de la ley del catalán, "aunque sólo han sido sancionados 143 establecimientos", explicó Enric Aloy, director de la ACC. El total recaudado a través de estas multas es de 169.550 euros, lo que supone el 4% de los 4,2 millones de euros que el departamento ha cobrado con las multas impuestas por incumplimiento de las normativas de consumo.

Denuncias de consumidores

El 32% de las inspecciones se realizaron a raíz de denuncias presentadas por los consumidores y el 65% durante la realización de campañas inspectoras de consumo. Según Aloy, "lo más denunciado por los consumidores es la rotulación". Las quejas de los consumidores se han incrementado desde la entrada en vigor de la Ley de Política Lingüística en 2003. Destaca el número de denuncias registradas en 2005 (765), casi el doble de las 383 interpuestas durante 2004. En lo que va de 2006, la ACC ha contabilizado 54 denuncias.

Aloy explicó cómo procede la agencia al recibir una denuncia: "Cada vez que se recibe una denuncia de un particular por incumplimiento de la Ley de Política Lingüística, lo que se hace es enviar una notificación al establecimiento para informarle de por qué ha sido denunciado. Después se le otorga un periodo formal de dos meses para darle la oportunidad de enmendar las deficiencias detectadas".

Huguet consideró positiva esta medida, ya que "la mayoría de los establecimientos se adaptan a la normativa antes de iniciarse el expediente sancionador o durante la tramitación de éste". En opinión de Huguet, "hay que poner a disposición de los comerciantes todas las facilidades para que cumplan la ley".

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 27 de marzo de 2006.

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