Soliz Rada insiste en investigar a Repsol

Evo Morales lo anticipó en su viaje a España de diciembre, poco antes de asumir la presidencia de Bolivia: "No vamos a intervenir a Repsol YPF, pero vamos a revisar su conducta y a investigarla en profundidad". Dos meses después fueron denunciadas las autoridades aduaneras bolivianas por presunto contrabando de petróleo, la sede de su filial en este país, Andina, fue sometida a un registro por orden judicial y sus responsables se encuentran hoy en libertad bajo fianza.

La Fiscalía, en el registro a la sede de la filial de Repsol, requisó información sobre otro presunto fraude en importación de maquinaria

Tras el allanamiento de la sede de Andina en Santa Cruz de la Sierra y la detención por una noche de dos de sus máximos ejecutivos en el país, la fiscalía ratifica su sospecha y la empresa también ratifica su convencimiento de no haber cometido delito alguno.

Uno de los tres fiscales del caso, José Centenaro, ha explicado su versión a este diario: "La antigua ley de hidrocarburos decía que la exportación era libre, pero en 2004 el Gobierno

[presidido entonces por Carlos Mesa] restringió la exportación por un desabastecimiento de diesel. A partir de entonces, el Ministerio de Hidrocarburos da permiso para exportar si hay excedentes. La ley de aduana también dice que, para ciertas exportaciones, hay que cumplir con requisitos esenciales, como un permiso previo. Andina (50% de Repsol YPF y 50% del Estado boliviano) pidió en julio de 2004 una autorización para exportar 43.500 barriles y Repsol pidió otra autorización por la misma cifra. Cuando ya el petróleo estaba embarcado (en el puerto de Arica, Chile), Andina solicitó cambiar la autorización para exportar 77.500 barriles y Repsol pidió exportar sólo 9.800. Al final, el que terminó pagando el transporte fue Andina, cuya mitad pertenece a los bolivianos". Centenaro alegó que otro caso similar sucedió con ventas hacia Argentina, a la empresa Refinor, propiedad de Repsol (50%), la brasileña Petrobras (28,5%) y la argentina Pluspetrol (21,5%).

La denuncia presentada por la aduana el 17 de febrero señala que Andina exportó sin autorización entre septiembre de 2004 y febrero de 2005 unos 230.399 barriles de crudo por 9,2 millones de dólares. Ese organismo público recuerda que el Código Tributario Boliviano dice que "comete contrabando quien realiza tráfico de mercancías sin documentación legal o infringiendo los requisitos exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales".

Fuentes de Repsol responden: "Todas las exportaciones fueron amparadas por resoluciones ministeriales. Además, la exportación de crudo está exenta de impuestos en Bolivia y todos los tributos se pagan cuando se produce. La exportación requiere de un trámite administrativo, pero no deja más o menos dinero al fisco. Para que exista delito de contrabando, es decir, tipificación penal, tiene que afectar económicamente al fisco. Y éste no es el caso".

Pudo haber infracciones administrativas, reconocen, causadas por una mala tipificación de los tiempos y los trámites en la normativa sobre exportaciones y acaso también por una falta de diligencia de la propia Repsol, pero los desfases se corrigieron y no ha habido ocultación alguna por lo que es imposible que exista delito. Puede haber, como mucho, irregularidades administrativas susceptibles de una reconvención.

En Repsol justifican los cambios de solicitudes de exportación por "cuestiones operativas" y niegan que se hayan "sobrecargado costes de transporte sobre Andina". Julio Gavito, que el martes presentó la renuncia a la presidencia de Andina para dedicarse por entero a su defensa judicial y a la de la empresa, había declarado en la Fiscalía, antes de quedar detenido: "La exportación de crudo por un poliducto que transporte crudo de varios campos y compañías es una operación compleja y a menudo las cantidades reales de exportación no se conocen hasta el último momento".

El asturiano Gavito y el gerente de operaciones de Andina, el argentino Pedro Sánchez, que fueron puestos en libertad bajo fianza de 40.000 euros el 15 de marzo por el juez de la causa, Zenón Rodríguez, tienen prohibido salir del país y deben presentarse cada mes ante los tribunales.

Otros cuatros ejecutivos de Repsol YPF han declarado ante la Justicia, que no descarta volver a convocarlos. La Fiscalía de Santa Cruz registró el 9 de marzo la sede de la compañía en esa ciudad en búsqueda de Gavito y Sánchez, pero también requisó información sobre otro presunto fraude, que consistiría en la introducción de maquinaria en Bolivia sin pagar aranceles, según Centenaro. Repsol YPF alega que le compró la planta "llave en mano" a un consorcio llamado EBN, que fue el que la importó y que cuenta como socio a Ballyco, una empresa que mantiene una controversia con el fisco boliviano por un millón de dólares.

El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, ha asegurado esta semana que la dimisión de Gavito como presidente de Andina no detendrá la investigación contra Repsol YPF. No obstante, el ministro niega que este caso afecte las conversaciones que mantiene con la petrolera hispanoargentina.

Soliz Rada prometió que en dos semanas se decretará la nacionalización de los hidrocarburos, con la consiguiente intervención estatal en la fijación de precios y volúmenes internos y de exportación. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

controlará productos, refinerías y yacimientos. "Las petroleras que quieran se quedan con las condiciones del Estado y las que no quieran, se van. Ésa es la nacionalización", concluyó el ministro.