Repsol polariza divisiones en la coalición boliviana

Repsol YPF no está dispuesta a tirar la toalla en Bolivia, pero tampoco va a invertir o a negociar nada bajo presión de rehenes (dos de sus máximos ejecutivos están retenidos en el país por un presunto delito de contrabando). Se siente injustamente perseguida, cuando ha sido la primera petrolera en aceptar renegociar el marco contractual y en reafirmar su compromiso inversor en Bolivia. Fuentes de su sector creen que las distintas facciones de la coalición gubernamental están polarizando en la española sus disputas por el liderazgo de la misma.

Evo Morales advierte a las petroleras de que "deben cumplir la ley boliviana" y que va a castigar a quien no lo haga y a quien no pague impuestos

Las multinacionales exigen seguridad jurídica y un horizonte de rentabilidad razonable para reanudar sus inversiones en el país

Repsol YPF está convencida de que más pronto que tarde habrá concordia y acuerdo con las autoridades bolivianas, porque es lo que más beneficia a ambas partes. Bolivia necesita inversiones para poder producir y exportar hidrocarburos con los que financiar su desarrollo y las petroleras internacionales que operan en ese país, 25 en total, necesitan a su vez un marco jurídico estable y un horizonte de rentabilidad razonable para las inversiones que ya han hecho (1.000 millones de euros en el caso del grupo hispano argentino, de los que sólo se han repatriado 30 millones de euros) y para las que aún tienen en cartera. Salvo eso, señalan fuentes empresariales, todo es negociable. Y la prueba, agregan, en el caso concreto de Repsol YPF, es el pragmatismo que ya demostró hace unos meses en Venezuela dónde ha sido la primera petrolera internacional en aceptar y negociar los cambios contractuales y operativos promovidos por el Gobierno de Hugo Chávez.

Hechos y también gestos como los dos encuentros mantenidos por el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, en Madrid y en La Paz, con el presidente de Bolivia, Evo Morales, en apenas dos meses. O el anuncio de dos proyectos de inversión en cartera, por un importe total de 150 millones de dólares, en la construcción de una planta de gas licuado destinada al abastecimiento interno del mercado boliviano y en un gaseoducto de 200 kilómetros que unirá Carrasco a Cochabamba, es decir, la zona del Chapare, base política del Movimiento al Socialismo (MAS) que aupó a Morales en diciembre a la presidencia del país.

Mensajes contradictorios

Frente a ello, el Gobierno de La Paz irradia mensajes contradictorios. Habla de renacionalizar los recursos de hidrocarburos, que fue una reivindicación central en el programa electoral del MAS; pero, a renglón seguido, para tranquilizar a las petroleras y a los mercados de capitales, aclara que "eso no significa confiscar ni expropiar bienes a las empresas multinacionales, ni tampoco expulsarlas del país".

Esta misma semana el presidente Morales, reiteró este discurso en un acto público en la localidad de Camiri, que resulta muy atractivo para consumo interno en Bolivia, y adelantó que antes del 12 de julio "estarán nacionalizados todos los recursos naturales".

Las declaraciones de distintos ministros y dirigentes del MAS sobre el tema de los hidrocarburos son abundantes y no siempre coincidentes en el fondo (el nuevo marco que se prepara para la actividad gasista y petrolera) y en la forma (hay opiniones muy hostiles hacia Repsol y hacia otras multinacionales y otras más conciliadoras que invitan a estas empresas a que se asocien con el Estado boliviano en la explotación de los recursos).

La hostilidad, en algunos casos, no se circunscribe a amenazas verbales, que a la postre se explican en parte por pugnas internas entre la amalgama de fuerzas que integran el MAS para imponer sus puntos de vista o para liderar el movimiento. La causa abierta contra los principales ejecutivos de Andina, filial de Repsol YPF en Bolivia, por un presunto delito de contrabando de crudo, que "es totalmente falaz" según fuentes del grupo español, puede que no sea ajena a esta situación.

Como tampoco lo fue, según fuentes empresariales españolas, la denuncia por una presunta atribución dolosa en la Bolsa de Nueva York de reservas bolivianas de hidrocarburos por parte de Repsol. De hecho algún ministro boliviano habló de demandas ante los tribunales, que no se han producido, y de corregir y registrar en el citado mercado estadounidense las mencionadas reservas a nombre de Bolivia, algo imposible porque solo pueden inscribir activos a su nombre en esa Bolsa las sociedades que cotizan en la misma. No hubo atribución indebida por parte de Repsol, señalan fuentes empresariales, y si un cierto desconocimiento y una cierta mala fe por parte de algunas autoridades bolivianas.

No son los únicos palos en las ruedas bolivianas de Repsol. También se le ha acusado públicamente de haber realizado vertidos contaminantes en el Amazonas, en el campo petrolífero de Margarita, y de abusos cometidos por su personal con la población indígena de la zona. Extremos que rechaza con rotundidad el grupo que preside Brufau.

Morales sostiene con firmeza que "las empresas tienen la obligación de subordinarse y cumplir con las leyes bolivianas. Las que respeten el Estado nacional serán bienvenidas, pero las que cometen irregularidades o no tributan tienen que ser castigadas". Y su vicepresidente Álvaro García Linera, ha declarado, en la misma línea y con la patata caliente del contrabando atribuido a Repsol, "que la justicia cumple su papel y que sin eso va a afectar a algún tipo de inversión, lo lamentamos".

Una situación encrespada que afortunadamente no afecta de momento al día a día de Repsol y del resto de las petroleras internacionales en Bolivia. Siguen operando y exportando desde este país al amparo de prórrogas temporales y normativas previas al último cambio de Gobierno, dictadas por la Administración de para no paralizar esta industria tras la aprobación en 2005 de una Ley de Hidrocarburos que define la convertibilidad obligatoria de los contratos actuales de las petroleras (de riesgo compartido) a los nuevos contratos de producción compartida, operación y asociación. Falta concretar un nuevo modelo acorde con la nueva ley, que según lo previsto debería estar listo antes del próximo mes de junio.

Retrasos y urgencias

Las tensiones internas dentro del MAS y la falta de expertos hace que todavía no se haya concretado el citado nuevo modelo. El deseo del Gobierno boliviano de tener lista esta regulación, de tener zanjado este tema conflictivo antes de convocar su prevista asamblea constituyente puede acelerar los trabajos antes del verano.

El actual marco, explican en el sector, está permitiendo a Repsol y a la brasileña Petrobras atender hasta ahora la demanda fuertemente creciente de gas y de petróleo de Brasil y Argentina, pero si no se realizan nuevas inversiones y se ponen en explotación nuevas reservas no se va a poder abastecer la demanda de estos países desde Bolivia. Y las petroleras internacionales no están dispuestas a reanudar sus inversioens previstas en este país hasta que esté definido un marco que dote de seguridad jurídica a su actividad y les asegure una rentabilidad esperada razonable para su dinero.