Medio Ambiente ha actuado en 123 casos de ruido

La primera puerta que los vecinos tocan cuando tienen problemas de ruido es la de su ayuntamiento. A partir de ahí, si sus demandas no son acogidas, acuden a los tribunales o a la Junta de Andalucía, que, en el último año y medio, ha recibido 123 quejas, según la Consejería de Medio Ambiente. Este departamento interviene cuando un ciudadano alega que su ayuntamiento ha ignorado sus quejas o cuando la corporación local alega que carece de medios de inspección. No obstante, la mayoría de las intervenciones de la Administración autonómica, dos tercios, se producen como consecuencia de las quejas vecinales.

La Consejería de Medio Ambiente señala que la provincia de Jaén es la que, hasta el momento, acumula más intervenciones autonómicas (33), seguida de Granada (20), Cádiz (19) y Málaga (18). Medio Ambiente, que tiene una unidad móvil de medición de niveles de ruido, destaca que son los bares y discotecas las que concentran la mayoría de las quejas. A continuación están los restaurantes y los supermercados.

Los ayuntamientos también tienen su particular batalla contra el ruido. No hay capital andaluza en la que no se produzcan quejas ciudadanas y denuncias o cierres de bares por los problemas se saturación acústica. Especialmente llamativo es el caso de Málaga, donde la Policía Local denunció en 2005 a 283 establecimientos por emitir música sobrepasando los niveles de ruido permitidos y a otros 275 por carecer de permiso para emitirla.

En el caso de Sevilla, el Ayuntamiento se ha dotado, hace seis meses, de una ordenanza que permite a la Policía Local multar con hasta 300 euros a los llamados coches-discoteca. Desde su entrada en vigor, el Ayuntamiento hispalense tramita el doble de denuncias contra estos vehículos (ha pasado 40 denuncias mensuales a 80). En esta capital, el gobierno local mantuvo una larga batalla contra una discoteca situada cerca del río que rompió 18 precintos de la Policía Local. Finalmente, el Ayuntamiento presentó una querella, el local fue cerrado seis meses y multado con 12.000 euros.

Un instrumento con el que cuentan ahora los ayuntamientos es el de poder declarar zonas acústicamente saturadas (ZAS), que permite a los ayuntamientos municipales no conceder más licencias de bares o restaurantes en determinadas áreas de la ciudad. El viernes, el Ayuntamiento de Córdoba impuso esta declaración en cuatro zonas de la ciudad.