Un juzgado de Valencia investiga un supuesto delito de prevaricación al autorizar un bingo

Un juzgado de instrucción de Valencia investiga un supuesto delito de prevaricación relacionado con los cambios de criterio de la Comisión Técnica del Juego en torno a la autorización de licencia para abrir un bingo en Valencia que solicitó en 1998 la empresa Gestora de Bingos Mare Nostrum. La comisión rechazó la autorización en octubre de 1999 porque había una sala en funcionamiento a escasos metros del lugar. Bingos Mare Nostrum recurrió la decisión. Ante el silencio administrativo elevó el caso al tribunal contencioso. Pero desistió de la vía legal en diciembre de 2000. Y siete meses después, la comisión consideró aceptable su recurso. El bingo se autorizó en febrero de 2002.

Urbem explota un bingo en una manzana donde funcionaba otra sala con anterioridad

El bingo Mare Nostrum, propiedad de la inmobiliaria Urbem, funciona con normalidad en la misma manzana donde explota otra sala la empresa Levantina de Juegos y Servicios, cuyo propietario logró paralizar la primera solicitud de autorización al esgrimir el reglamento que exige una distancia mínima entre salas.

José Rovira, el empresario lesionado por la apertura de la nueva sala, denunció ante la Guardia Civil los cambios de criterio de la Comisión Técnica del Juego en 2005. La denuncia apunta incluso supuestos pagos ordenados por José Pastor Marín, presidente de Urbem, para ganar el favor de la Generalitat.

Empresarios del sector del bingo avalan el curioso proceder administrativo de la Comisión Técnica del Juego ante la solicitud de autorización de Mare Nostrum, que califican en un abanico que se mueve desde "el amiguismo" hasta "la prevaricación". Pero apuntan que los supuestos pagos que denuncia Rovira parecen indemostrables.

La juez que recibió la denuncia trasladó el caso al Tribunal Superior de Justicia porque la denuncia afectaba a un aforado, el entonces consejero de Economía y hoy consejero de Sanidad Vicente Rambla, que firmó la autorización definitiva del bingo Mare Nostrum en febrero de 2002.

Pero el TSJ replicó que el denunciante admite su propia ignorancia en torno al papel de Rambla en todo el procedimiento administrativo más allá de que estampara su firma en la autorización definitiva e invitó a la juez a asumir la investigación según su propio criterio.

La fiscalía, por su parte, ha constatado que no se ha producido ningún cambio en la legislación y reglamentos administrativos que regulan el juego del bingo en territorio valenciano entre octubre de 1998 y julio de 2001 y ha requerido el "informe-propuesta" que se elevó al consejero de Hacienda "en el sentido de que existen antecedentes para estimar el recurso en circunstancias semejantes", según consta en el acta de la reunión de la Comisión Técnica del Juego de 21 de julio de 2001.

La juez tomó declaración al denunciante en octubre pasado. A instancias del fiscal, Rovira afirmó que José Pastor, el administrador único de Urbem y Gestora de Bingos Mare Nostrum, "le manifestó que había obtenido el permiso ya que el señor [José Luis] Olivas le dijo que se lo daría". Olivas, el actual presidente de Bancaixa, era vicepresidente del Consell cuando se concedió la autorización. Según Rovira, dos días después, un ejecutivo del Banco de Valencia, Ernesto Guillén, le confirmó que Mare Nostrum obtendría la autorización porque "se han pagado 50 millones", entonces de pesetas, el equivalente a 300.000 euros.

Ernesto Guillén, tres semanas después, declaró que "es ridículo" pensar que Pastor le hubiera indicado nunca que pagara ninguna suma al señor Olivas al que dijo conocer por ser persona pública. Guillén confirmó su amistad "desde la infancia" con Pastor, un gran cliente en la actualidad, pero aseguró desconocer detalles sobre los problemas administrativos en torno a su interés por abrir una sala de bingo.

El jueves pasado la juez tomó declaración a Cristina Serrano, secretaria general de la Consejería de Hacienda y, por lo tanto, presidenta de la Comisión Técnica del Juego cuando se rechazó la solicitud de Mare Nostrum y cuando, 21 meses después, se invocaron "antecedentes" para considerar aceptable el recurso de la empresa.

Serrano, actual secretaria autonómica de Territorio, subrayó que la comisión es un órgano colegiado, que actúa conforme a un procedimiento reglado y que se limitó a enmendar un error cuando Mare Nostrum, que ya había renunciado a la vía legal, instó la revisión del primer recurso que había planteado en noviembre de 1999.