Oportunidad inédita

El alto el fuego permanente de ETA supone una oportunidad inédita que sería irresponsable no intentar aprovechar. Lo nuevo no es el anuncio de tregua, sino que se produzca tras un periodo prolongado, casi tres años, sin atentados mortales. Pero la experiencia obliga a extremar la cautela. ETA habla de alto el fuego "permanente", expresión deliberadamente ambigua. Antes de dar cualquier paso será preciso, de acuerdo con la resolución aprobada en mayo pasado por el Congreso, verificar si se trata de un compromiso firme de renuncia definitiva a la violencia, incluyendo el recurso a la extorsión y otras formas de coacción. Para que la oportunidad abierta desemboque en el fin de ETA será preciso medir los pasos con inteligencia, mantener el criterio de que no puede haber contrapartidas políticas y actuar desde la unidad de todos los demócratas.

La clave del comunicado por el que ETA declaraba ayer un alto el fuego es el adjetivo que lo acompaña: permanente. Se trata, en primer lugar, del mismo término empleado en su día por el IRA, cuyo modelo sigue ETA y sobre todo Batasuna (la Batasuna de Otegi). Permanente es más que indefinida, expresión desacreditada por la tregua de 1998: hasta Arzalluz declaró, tras su ruptura, que ya sólo tomaría en serio ofertas de alto el fuego si eran "definitivas, sin vuelta atrás". Pero alto el fuego permanente no es lo mismo que el fin definitivo de la violencia -"disolverse y deponer las armas"- que la resolución del Congreso consideraba como único destino de ETA. La ambigüedad calculada del comunicado aspira seguramente a permitir una interpretación que, sin ser de reconocimiento abierto de derrota, al estilo de la carta de Pakito, pueda tener encaje en las condiciones establecidas por el Congreso para impulsar un "final dialogado de la violencia". Ese posible cálculo, más el tono general del escrito, relativamente sobrio y bastante medido, parecen indicar que se trata de un texto pactado. Lo que remite a la existencia de alguna forma de contacto previo, directo o a través de intermediarios. Esto explicaría el optimismo gubernamental de los últimos meses frente a señales tan negativas como la continuidad de los atentados mafiosos y de la violencia callejera. Tal vez la decisión ya estaba tomada, como se rumoreaba desde diciembre, y ETA estaba buscando el momento publicitariamente más conveniente para hacerla pública. Esas señales serían la forma de demostrar que conservaba capacidad de hacer daño. La convocatoria de huelga general del 9 de marzo habría querido ser, en esa lógica, la prueba de su capacidad de movilización como paso previo al esperado anuncio. Pero el fracaso de la huelga, más la imputación por la justicia de sus convocantes, entre ellos Otegi, habría alertado de los riesgos de prolongar la situación. El comunicado de ayer evita hablar directamente de autodeterminación o lo que suelen llamar "territorialidad", pero mantiene que el objetivo del alto el fuego no es acabar con la violencia, sino alcanzar su programa político, que presenta como "reconocimiento de los derechos que como pueblo nos corresponden"; España y Francia deberán aceptar "sin limitaciones" esos derechos y respetar "la decisión de los ciudadanos vascos". Resulta sarcástico que ETA exhorte a los demás a respetar la decisión de los ciudadanos tras más de tres décadas de ignorar el deseo de paz de la inmensa mayoría de la población y de acumular más de 800 muertos. También advierte a Francia y España de que deben abandonar la represión. En un segundo comunicado publicado la pasada madrugada, ETA reitera las ideas del primero y muestra su deseo de construir "una paz basada en la justicia". Y añade: "Nos reafirmamos en el compromiso de seguir luchando hasta lograr los derechos de Euskal Herria". El presidente del Gobierno reaccionó con muy medida cautela, evitando cualquier expresión triunfalista y apelando a la recomposición de la unidad entre los partidos, y especialmente entre el suyo y el de Rajoy, que se había limitado a decir que el de ayer no era el anuncio de ETA que esperaban los ciudadanos. Por supuesto que lo ideal sería que ETA se rindiera incondicionalmente, como pedía hace poco Acebes, pero es poco realista esperar algo así. Incluso si ETA hubiera interiorizado su derrota política, en el sentido de que no existe ya ninguna estrategia política a la que haga avanzar la violencia, no lo plantearía en esos términos. Lo que permite mantener la esperanza no es que hablen de alto el fuego permanente, sino que ello ocurra tras casi tres años sin muertos. La resolución del Congreso define la pauta a seguir. Lo primero es exigir a ETA que aclare que su renuncia es irreversible, como planteó ayer el líder del PNV, Josu Jon Imaz, y también Zapatero al decir que se tomaría su tiempo antes de llevar el asunto al Congreso. Un tiempo para confirmar la voluntad de ETA, que recuerda el que se tomó John Major para realizar "verificaciones" sobre el alcance del anuncio de tregua del IRA en 1994. La distinción entre contrapartidas políticas y medidas de gracia para presos y activistas es en parte artificial, porque también esas medidas serían políticas. Pero resulta eficaz para marcar la frontera entre lo posible y lo que no lo sería, de acuerdo con la resolución del Congreso. Resultó especialmente inoportuna la interferencia del lehendakari Ibarretxe anunciando la convocatoria de una mesa de negociación política, llamada de normalización, a la que seguiría su famosa consulta. Rajoy reiteró su rechazo a pagar precio político alguno y ofreció su colaboración para avalar la firmeza del Gobierno al respecto. Está bien, pero podía haber añadido que un alto el fuego permanente es una buena noticia y una oportunidad a no desaprovechar; y haber respondido con algo más de cordialidad a las palabras conciliadoras de Zapatero hacia él. En la ponencia sobre terrorismo aprobada en la reciente convención del PP se afirma que "no cabe el diálogo con los terroristas en tanto mantengan su voluntad asesina de utilizar el terror". Lo cual, leído desde el otro lado, significa que si aparece un compromiso verificable de abandono de la violencia ese diálogo será posible, como afirma la resolución del Congreso. Hay base para que los dos grandes partidos vayan juntos en este asunto a fin de que su desembocadura sea un fin de ETA con justicia.