El Ayuntamiento de Barcelona cree que los Mossos incumplen el convenio de cooperación

No fue fácil firmar el convenio de colaboración y cooperación entre la consejería de Interior y el Ayuntamiento de Barcelona y todavía lo es menos llevarlo a la práctica. Ese es el diagnóstico que se hace en más de un despacho del Ayuntamiento de Barcelona. El ejemplo más reciente de esa falta de coordinación o de criterio compartido entre los Mossos y la Guardia Urbana fueron los actos vandálicos de la madrugada del sábado en el Raval. Pero no es un caso aislado, según la interpretación que hacen reponsables municipales. Para los mossos, en cambio, no hay problemas.

La apuesta del modelo de seguridad que se pretendía para Barcelona suponía acabar con un división de funciones y papeles tan estricta como la que separaba al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Urbana en la que los primeros se encargaban únicamente de la seguridad ciudadana y los últimos de las cuestiones administrativas y del cumplimiento de las ordenanzas municipales, además de colaborar en cuestiones de seguridad. El convenio marco que se firmó entre la consejera Montserrat Tura y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, el 26 de setiembre pasado sentaba las bases para lograrlo. "Fue difícil llegar a un acuerdo, hubo resistencias", recuerda un técnico municipal que intervino al inicio de la negociación y en la última etapa de ella. Ahora, dicen fuentes del consistorio consultadas, se están evidenciando aquellas diferencias.

Que básicamente se resumen en una: "Los Mossos quieren ceñirse excluivamente a las materias de seguridad ciudadana y nada más", resumía un concejal del consistorio barcelonés. Aquel convenio suponía, según la letra, la implicación directa de la policía autonómica en muchos más aspectos que el de la seguridad ciudadana.

Acto juvenil

Por ejemplo, el artículo 21 de aquel pacto precisaba en uno de sus puntos que "la policía de la Generalitat intervendrá, y en su caso denunciará, los hechos concretos que supongan el uso intensivo de la vía pública que generen conflictos graves de convivencia en los espacios públicos de la ciudad". Tal vez uno de los ejemplos más meridianos de esa situación fue la que se vivió en la madrugada del sábado en el Raval con la excusa del botellón. "No se puede argumentar que se trata de un acto juvenil y que las competencias de la policía autonómica son otras", explicaban fuentes municipales que disentían del punto de partida de los mandos de los Mossos d'Esquadra. Unas disfunciones que a posteriori no han tenido más remedio que reconocer desde el alcalde, Joan Clos, a la consejera de Interior, Montserrat Tura. Algo que ha sido objeto de crítica por parte de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona, Convergència Unió y el Partido Popular.

Portavoces de la policía autonómica declinaron ayer hacer comentarios a propósito de la falta de coordinación entre cuerpos y del cumplimiento del citado convenio: "No es nuestra percepción, pero no haremos valoraciones". Desde el Sindicato de Policía de Cataluña (SPC) se negó con rotundidad que existan problemas entre cuerpos en la calle: "Si hay algún problema, o pasa algo, eso es cuestión de los responsables políticos".

Fuentes del Ayuntamiento apuntan que posiblemente elproblema de base es que el despliegue de la policía autonómica en Barcelona ha seguido un modelo parecido a los desarrolados en otras ciudades con una problemática que poco tiene que ver con la de la capital catalana.

Ponen como ejemplo que en el caso de Barcelona hay una parte de función policial que tiene que ir estrechamente ligada al control del espacio público y a una intervención directa cuando se produzca su uso indebido. "Sobre todo en dos grandes áreas de la ciudad como Ciutat Vella y el Eixample, que son las que sufren más la visita de millones de personas", apuntaban.

El convenio firmado suponía la creación de una sala conjunta de mando y una oficina permanente de coordinación. Ambos instrumentos funcionan, pero el resto del convenio dista mucho de aplicarse. Es la percepción que tienen estrechos colaboradores del alcalde que ven con preocupación lo que pueda ocurrir en los meses venideros cuando se concentra la llegada del turismo. "Será la prueba de fuego de la ordenanza y se pondrá en evidencia si las dos policías están de verdad por la labor conjunta o no", puntualizan colaboradores de Clos.

El parecer del concejal de Vía Pública del consistorio barcelonés, Jordi Hereu, que es a quien corresponde la coordinación política con Interior no ha podido ser recabado por este diario pese a los reiterados intentos realizados.