El juez imputa a la alcaldesa de Marbella un delito de malversación de fondos por las obras en su chalet

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha citado a la alcaldesa, Marisol Yagüe como imputada por un presunto delito de malversación de fondos públicos por utilizar el escándalo de las obras en su chalet. El juez imputa también el mismo delito al concejal de Obras, Vicente Manciles.

Tras llevar el PP a la Fiscalía las declaraciones del constructor Alberto Piñana, acerca del desvío de material desde almacenes municipales hasta las obras de la casa de la alcaldesa, la Fiscalía abrió diligencias el pasado febrero y ahora el juez ha citado a ambos ediles como imputados. En dichas declaraciones, Piñana afirmaba asimismo que Yagüe pretendió pagar facturas de la reforma privada con fondos del Ayuntamiento marbellí.

"Ya esperaba esta citación del juez. Iré a defenderme como tantas veces que por desgracia debo acudir al juzgado", afirmó ayer Yagüe, quien dijo desconocer las presuntas conversaciones que mantuvo Manciles con Piñana acerca del presunto pago de dichas obras con fondos públicos.

El juez también ha citado a declarar para el próximo 31 de marzo a otras cinco personas como testigos. Primero, al conductor del camión que supuestamente trasladó los citados materiales, en primer lugar desde las obras de la guardería municipal de San Pedro Alcántara hasta los almacenes del Ayuntamiento, y posteriormente desde éstos a la casa de Marisol Yagüe. También tendrán que declarar el constructor Alberto Piñana; su abogado y un empleado de la constructora, que asistieron a la reunión convocada en el Ayuntamiento en la que supuestamente se habló de los pagos pendientes del chalé propiedad de Yagüe; y el encargado de la obra que tenía relación con los proveedores. El constructor dijo que pedirá protección policial para asistir a declarar por las amenazas que dice venir sufriendo.

El denominado caso Copasur ha motivado asimismo una demanda civil por la que el constructor reclama a la alcaldesa 949.926 euros por las obras realizadas en su casa. Debido a este impago, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Mónica Carvia, ordenó en un auto el embargo preventivo de la casa.

La Consejería de Obras Públicas ha dado un plazo de 15 días al Ayuntamiento de Marbella para que presente sus alegaciones a la orden de retirada de competencias urbanísticas adoptada hace una semana. El plazo comenzó ayer, una vez que el consistorio recogió la documentación del expediente.

Una vez que el Ayuntamiento formule sus alegaciones, el Consejo Consultivo de Andalucía deberá realizar un informe. Porteriormente será preciso un acuerdo parlamentario para autorizar al Gobierno autonómico a la retirada de competencias. El PP pidió ayer que si tras las elecciones municipales del próximo año se produce un cambio de Gobierno, la Junta devuelva las competencias al consistorio.