El Gobierno fija por decreto una espera máxima de seis meses para ser operado
Si Osakidetza supera los plazos establecidos el paciente podrá acudir a la sanidad privada
El Gobierno aprobó ayer el decreto en el que establece los tiempos máximos que deberá esperar un enfermo para ser operado en los hospitales públicos de la comunidad. El límite se fija en 30 días naturales para cirugía relacionada con el cáncer, 90 para la cirugía cardíaca y 180 para otros procedimientos quirúrgicos. En todos los casos se refiere a operaciones programadas, es decir, sin carácter de urgencia. En caso de que se excedan los plazos, el paciente podrá recurrir a hospitales privados de Euskadi para no demorar el tratamiento y siempre a cargo de la Administración.
El Departamento de Sanidad llevaba varios meses preparando este decreto. La cuestión esencial era que los técnicos se pusieran de acuerdo en establecer cuál es el periodo de tiempo "razonable" que un enfermo pueda esperar hasta ser operado cuando su dolencia no reviste urgencia. En la actualidad, apenas están definidos unos tiempos de espera adecuados en otros sistemas sanitarios europeos o de Estados Unidos, que se puedan tomar como referente. El decreto supone un espaldarazo legal para los derechos de los pacientes en un tema tan impopular como las listas de espera y que es uno de los que más quejas suscita.
El plazo de garantía para que se cumplan los plazos establecidos empieza a contar cuando sea cumplimentada la hoja de solicitud de intervención quirúrgica del hospital en el que vaya a practicarse la intervención. En esta hoja, que debe ser firmada por el especialista que atiende al paciente, deberá constar la fecha de su cumplimentación y se inscribirá en el registro del sistema de gestión de listas de espera del centro hospitalario en el plazo de 24 horas. Es decir, no cuenta el tiempo transcurrido desde que el paciente acude a su médico de cabecera por primera vez y después éste le remite a su vez al especialista, quien tras varias pruebas confirma la necesidad de la operación. En todo este proceso han podido pasar varias semanas y en algunos casos, meses. Según el decreto, sólo cuando el especialista confirma que hay que hacer la operación y cumplimenta la hoja de solicitud comienzan a contar los plazos.
En el caso de que se excedan, el paciente podrá solicitar autorización para recibir atención en otro centro sanitario. Esta petición, dirigida siempre al Departamento de Sanidad, podrá ser presentada en el hospital donde inicialmente estaba previsto intervenirle o en el centro de salud que tiene asignado. Por su parte, la dirección médica del hospital implicado en la demora deberá enviar al departamento un informe donde se indiquen los motivos que han provocado el retraso y la situación médica del paciente.
Derivación a otro hospital
La consejería deberá resolver la cuestión en un plazo máximo de 20 días. En el supuesto que pase este tiempo y no haya una respuesta del departamento, se entiende que la solicitud del paciente ha sido estimada y, por lo tanto, está autorizado a acudir al centro sanitario que desee, sea público o privado, siempre y cuando esté radicado en Euskadi. Si el hospital está dentro de la comunidad, la Administración correrá con todos los gastos de la intervención quirúrgica. Si el paciente ha abonado previamente el coste -en el caso de ser un centro privado-, el departamento le reintegrará el importe. La cuantía se ajustará a las tarifas establecidas en los conciertos sanitarios que Sanidad tiene firmados con los hospitales privados. Por eso, antes de operarse el paciente debe cerciorarse de que el coste está concertado, porque si supera lo establecido deberá pagar el resto de su bolsillo.
A 31 de diciembre de 2005, más de 15.700 pacientes aguardan una intervención en centros de la sanidad pública. Los usuarios del servicio de traumatología son los que soportan el mayor retraso, con 64,6 días de demora media, ligeramente por encima de lo que el propio departamento se marca como objetivo para la actual legislatura, que es de dos meses. La lista de traumatología ascendía a finales de diciembre a 4.700 personas. La especialidad de oftalmología es la segunda con más carga de trabajo: 3.700 pacientes y una demora de 48 días.
Actualmente, la media ponderada de todas las operaciones no urgentes en el sistema sanitario de Euskadi es de 54 días de espera. Durante los dos primeros meses de este año, Osakidetza ha reducido la lista de espera debido, fundamentalmente, al incremento en un 36% del número de operaciones. La mayoría de ellas se ha realizada en el turno de mañana, es decir, que no se ha tenido que recurrir a la autoconcertación. Entre enero y febrero se han realizado 15.813 intervenciones programadas frente a las 11.660 del mismo periodo del año pasado.Con este incremento, la demora media se ha reducido a 50,4 días. La falta de especialistas en el mercado, como traumatólogos y anestesistas impide en ocasiones acelerar el ritmo de intervenciones. En cualquier caso, la cirugía considerada como "indemorable" se hace antes de 30 días, según los responsables de Osakidetza.
![Varios sanitarios preparan un quirófano para una intervención en el hospital de Cruces.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/MTHXAA6NWWWIPVO2Z3DIXHEYWE.jpg?auth=0b0c160f6bdd56c2787e5c6fefe5c76d0588b7a29bef057de627d42c62ae661e&width=414)
Triquiñuelas y privatización
El País Vasco no ha sido la primera comunidad en establecer unos plazos máximos para que un paciente sea operado. La comunidad de Madrid es una de las que se ha adelantado, pero en su caso con una triquiñuela. El Gobierno de Esperanza Aguirre contabiliza la entrada del paciente en lista de espera sólo desde la visita al anestesista. De esta forma, fijó un plazo máximo para las operaciones no urgentes de 30 días. Todo lo anterior, desde que el especialista fija la necesidad de operar y pide fecha, no se considera lista de espera, a pesar de que el paciente puede pasarse meses hasta que le llame el anestesista y fije la fecha definitiva para operar. Es una forma de entender la lista de espera. Sin embargo, para los responsables de Osakidetza es hacer "trampas".
Quien no acepta de buena gana este decreto es el sindicato ELA, mayoritario en sector sanitario. Cuando se tuvo conocimiento del proyecto, el sindicato nacionalista ya acusó a Osakidetza de "privatizar" la sanidad. En opinión de ELA, dada la saturación que sufren los hospitales públicos, la mayoría de los pacientes que excedan los plazos de tiempo de espera será derivada a centros privados. En este sentido, argumenta que esto supone una desviación de fondos públicos y un riego para los pacientes, dado que estos hospitales privados no disponen de los mismos medios que los públicos en caso de que surjan contratiempos. El sindicato considera que los datos de lista de espera que facilita Osakidetza son "fruto de una política de marketing " y aboga por medir el tiempo transcurrido desde que el paciente es derivado al especialista hasta que llega a la mesa de operaciones. Según la central, este plazo puede oscilar entre los seis y los 18 meses, según la especialidad.
El tiempo para que un paciente pase por el quirófano se ha ido reduciendo desde 1992, cuando era de cinco meses. Ese año se introdujo la autoconcertación, consistente en el abono de complementos al personal sanitario que acepta operar por las tardes, fuera de su jornada laboral. Ese plan ha contribuido a reducir la demora media.
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