Bruselas insiste en que no precisa la respuesta de España para abrir procedimiento sobre la OPA de E.ON

La Comisión Europea insistió ayer en proseguir su investigación para averiguar si el decreto del Gobierno español que da más poderes a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) puede significar una limitación al libre movimiento de capitales. Bruselas solicitó a Madrid el pasado 3 de marzo más información y respuestas claras a una larga lista de preguntas sobre el alcance del mencionado decreto. El decreto ley, que facultaba a la CNE para autorizar la OPA lanzada por el grupo alemán E.ON sobre Endesa, ha sido interpretado por Bruselas como una medida proteccionista.

Madrid replicó a Bruselas que no podía responder a las preguntas formuladas, porque el decreto ley todavía no había sido ratificado por el Congreso de los Diputados. El portavoz de Mercado, Oliver Drewes, manifestó ayer que a pesar de este aplazamiento, los servicios de la Comisión seguirían analizando el decreto por si se había producido alguna vulneración del Tratado o el derecho comunitario, con independencia de la respuesta española. "Para llegar a una conclusión", añadió, "no precisamos necesariamente la información del Gobierno español, tenemos elementos suficientes".

Según el portavoz el aplazamiento por parte de Madrid no beneficia en nada a los intereses españoles. A pesar de las urgencias comunitarias (la Comisión dio un plazo de 10 días para responder), Bruselas no adoptará ninguna decisión de apertura de expediente esta semana. La próxima reunión del Ejecutivo comunitario, donde se podrían adoptar medidas es el 29 de marzo, pero tampoco hay nada previsto para esta fecha.

A pesar del tono "duro" de la carta de la Comisión, el secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro, quiso quitar hierro subrayando que "España mantiene una posición constructiva con la Comisión Europea" y que facilitará toda la información necesaria cuando se haya cumplido los trámites legales internos.

Navarro precisó que España había decidido claramente estar a favor de la creación de una política energética común de la UE y el desarrollo de un mercado interior de la energía al ratificar en un referéndum el Tratado Constitucional.