El tripartito promueve agencias de derecho privado para gestionar servicios públicos

El sector público catalán es una maraña enorme formada por los 16 departamentos de la Generalitat más un conjunto de organismos de lo más hetereogéneo en el que aparecen entidades autónomas, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones, entre otros. A todos ellos se suma ahora con fuerza la figura de las agencias, que está potenciando el tripartito. Se trata de entidades públicas sujetas al derecho privado para gestionar algunos servicios públicos, principalmente en las áreas económicas del Gobierno autónomo. La Agencia Catalana del Agua es un ejemplo de las ya existentes. El Gobierno de Pasqual Maragall tiene al menos una decena en estudio en distintas fases de desarrollo, entre las que destacan la Agencia Catalana del Turismo y la de Seguridad Industrial.

El Ejecutivo autónomo persigue dar más eficacia y agilidad a algunas actividades, en especial en las áreas económicas

Economía prepara una ley del sector público para regular las relaciones con las entidades instrumentales

Varios informes del Gobierno desaconsejan crear nuevos organismos, que han recibido críticas de los sindicatos y el PP

El tripartito se anticipa así al Gobierno central. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero prepara una ley de agencias para "modernizar" el sector público "con una Administración más flexible y eficiente", según el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Josep Maria Rañé, consejero de Trabajo e Industria, asegura que las agencias permitirán "dotar de mayor eficacia a una serie de nuevas actividades que se han incorporado al sector público y que requieren más agilidad de gestión".

Rañé es uno de los impulsores en el Ejecutivo autónomo de esta nueva política que, sin embargo, tiene detractores dentro del propio tripartito. Por una parte, varios informes desaconsejan la creación de nuevas entidades, e incluso el Departamento de Economía y Finanzas prepara una ley del sector público para regular las relaciones entre los departamentos, las empresas públicas y el resto de los organismos, entre los que destacan las agencias de nuevo cuño.

Informes en contra

Uno de los informes más contundentes es el de la comisión del buen gobierno y la transparencia en la Administración de la Generalitat. "Recomendamos la adopción de un criterio drásticamente restrictivo a la hora de constituir nuevas empresas y consorcios públicos, evitando la proliferación de unas y otros, la burla del control administrativo que facilita el maquillaje contable-financiero y provoca que se diluyan las responsabilidades políticas", reza una de las propuestas de esta comisión. A esta advertencia hay que sumar varios informes contrarios a algunas de estas agencias: de la Intervención General de la Generalitat -adscrita a Economía-, de la Dirección General de Innovación y Organización de la Administración -perteneciente al Departamento de Gobernación- y de la Dirección General de Presupuestos, también de Economía, relativa a la Agencia de Seguridad Industrial.

A las disensiones dentro del propio tripartito hay que sumar las críticas del PP catalán -"una utilización en exceso de las agencias dificulta las tareas de control que requiere la actividad pública", según el diputado Santi Rodríguez- y, sobre todo, de los sindicatos.

Joan Carles Gallego, coordinador del área pública de Comisiones Obreras en Cataluña, asegura que el tripartito "mantiene la filosofía de CiU de expulsar del núcleo duro de la Administración actividades que son propias de la gestión pública". Con ello, según los sindicatos, se corre el peligro de que estas agencias escapen del control público y se desvirtúen el acceso y las condiciones de trabajo de los empleados de estos nuevos organismos. "Hay un deslumbramiento general por lo neoliberal y cierta pereza en la Administración por hacer funcionar bien los servicios públicos sin recurrir a las externalizaciones", afirma Frederic Monell, vicesecretario general de la UGT de Cataluña. "Y no hay que olvidar que hay fórmulas para impulsar la eficiencia dentro de la Administración sin crear más entidades instrumentales", concluye. En concreto, en los presupuestos catalanes de 2006 aparecen poco más de un centenar de estos organismos, de diverso tipo.

CiU, a favor

Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlament están a favor de las nuevas agencias. CiU se muestra favorable y únicamente lamenta "la inacción del tripartito también en este ámbito en sus más de dos años de gobierno", explica Antoni Fernández Teixidó.

Sólo el PP se declara abiertamente en contra de algunos de los proyectos que ya están en marcha, como la Agencia Catalana de Seguridad Industrial. En opinión de Santi Rodríguez, "se corre el peligro de que se dupliquen estructuras y, por lo tanto, las agencias sean muy costosas. Pero, sobre todo, su utilización en exceso dificulta el control de la Administración". Por una sencilla razón: el control de la contabilidad de las agencias se hace a través de auditorías; es decir, una vez gastado el dinero público. En los departamentos de la Generalitat, "la fiscalización es permanente, por parte de la Intervención General", según Rodríguez.