El PSE obliga a Ibarretxe a explicar qué hará con el Observatorio de Derechos

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, tendrá que explicar en el Parlamento en un próximo pleno, a instancias del Grupo Socialista, cuáles son sus planes sobre la puesta en marcha del Observatorio de Derechos Humanos y Libertades, que mantuvo como compromiso en su investidura el año pasado. "Han pasado ocho meses largos desde aquel anuncio", señala el PSE, " y seguimos sin saber nada de ese proyecto", que ya derivaba del anterior mandato.

El lehendakari realizó en su discurso de investidura un nuevo planteamiento sobre la creación y desarrollo de un Observatorio de Derechos Humanos, que esta vez dibujó como "embrión de un organismo que sea aprobado posteriormente por ley del Parlamento". Nadie sabe a día de hoy cuál es el significado exacto de aquellas palabras, porque nada se ha vuelto a explicar sobre el proyecto. El PSE quiere ahora saber qué tipo de planes concretos alberga Ibarretxe sobre el mismo.

La creación del Observatorio de Derechos fue una de las promesas estrella de la investidura del lehendakari tras las elecciones de 2001, cuyos primeros pasos dio Ibarretxe en diciembre de ese mismo año, con el encargo de su diseño al ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, desveló en febrero pasado, en respuesta a una pregunta del PP, que en ese mandato el Gobierno invirtió en el proyecto 91.000 euros. Dicha cantidad se destinó íntegramente al diseño del organismo, que se encargó a la Fundación Cultura de Paz, presidida por Mayor Zaragoza, y quedó también íntegramente desembolsada en noviembre de 2002, a la entrega del encargo.

En enero de 2003, Ibarretxe envió al Parlamento un proyecto de ley basado en él, que nunca avanzó un solo paso más en la Cámara que el de su registro, hasta que decayó con la disolución del Parlamento el año pasado. La causa fue la imposibilidad del Ejecutivo para sacarlo adelante por su situación minoritaria.

Ibarretxe considera hoy que el Observatorio sigue siendo un instrumento válido y que su fracaso entonces se debió sólo al clima de enfrentamiento entre los partidos en la pasada legislatura.

Además de esa falta de respaldo, el proyecto fue acogido negativamente por el Ararteko, a cuyo frente se encontraba la hoy parlamentaria socialista Mertxe Agúndez. "Peca de una gran indeterminación en su objeto y de una enorme inconcreción en sus perfiles", señaló en un largo informe, que también advertía de los riesgos de colisión con otras instituciones, entre ellas el propio Ararteko.

Agúndez criticó también que el proyecto presentado se apartaba "de la finalidad para la que fue propuesto por el lehendakari", porque obviaba, según señaló, "la mención explícita al gran problema de este país, que es la violencia terrorista y sus consecuencias".

El compromiso no ha sido recuperado ahora como proyecto de ley, aunque el Ejecutivo no renuncia a él y el lehendakari lo incluyó entre sus promesas a corto plazo para este mandato.

Sin embargo, ni el nuevo formato del proyecto ni la metodología a seguir para constituirlo parecen estar maduros. "No hay ninguna decisión tomada, aunque se sigue considerando una idea válida", afirman medios gubernamentales. Esos mismos medios consideran más probable, sin embargo, que sólo se envíe de nuevo a la Cámara de Vitoria "si los grupos lo consideran oportuno", lo que supone que previamente haya concitado un respaldo suficiente.

El proyecto no ha experimentado ningún movimiento ni novedad en estos tres años, afirman, y la posición del Gobierno sobre él se mantiene: "En su momento se creyó que era una cosa necesaria y ahora se sigue pensando que puede ser un instrumento positivo para velar por los derechos humanos de todos y expandir una cultura sobre ellos".