Ahorro, crecimiento y pacto tecnológico

Vivimos tiempos complejos para la economía española. La sequía que hemos padecido, la burbuja inmobiliaria y la debilidad del ahorro nacional -sobre todo el de las familias, que no llega a cubrir la amortización anual de sus pasivos financieros- es preocupante. Es verdad que el gasto en consumo y vivienda de las familias tiende a desacelerarse, pero el peligro de la burbuja inmobiliaria persiste y las cifras del tercer trimestre de la Contabilidad Nacional nos indican que la actividad en la construcción, lejos de desacelerarse, avanza con mayor ímpetu. De esto tenemos prueba fehaciente en nuestras costas mediterráneas. Me pregunto si el comportamiento de nuestras empresas constructoras responde a que anticipan el final del ciclo expansivo de la construcción y, por ello, aceleran su actividad antes de que lleguen las municipales y pueda cambiar el marco político en el que han estado actuando.

El ahorro nacional empresarial, por su parte, es más bien modesto. Pero esto no es necesariamente bueno pues las empresas españolas deberían de estar endeudándose, por lo menos en los sectores que tienen más futuro. En el sector exterior, las necesidades de financiación, medidas por el déficit por cuenta corriente, se han venido ampliando hasta el 7,6% del PIB en 2005, el mayor del mundo después del de Estados Unidos. Es normal que la fase expansiva del ciclo se traduzca, a corto plazo, en incrementos de precios y que, parte del vigor de la demanda se filtre hacia las importaciones ampliando el déficit comercial. Así fue durante la anterior fase expansiva 1986-92, y así está ocurriendo ahora. También se podría decir que el déficit exterior no es un problema, siempre y cuando haya capitales espontáneos que lo financien, pues así ocurrió en el periodo 1986-92. Pero hay algo que tampoco debemos olvidar: después del año 1992 vino la crisis de 1993.

Pero no seamos pesimistas e imaginemos que dentro de un año no ha pasado nada (¡cruzo los dedos!), la burbuja inmobiliaria no habrá pinchado y el déficit exterior no se habrá ampliado. Se nos dirá entonces que, después de todo, no son éstos los problemas fundamentales de nuestra economía, es más, algunas voces nos recordarán que el meollo de la cuestión se encuentra: por un lado, en el diferencial de inflación que hemos ido acumulando desde la entrada en el euro y, por lo tanto, en el impacto negativo sobre la competitividad-precio de nuestras exportaciones; y, por otro, en la baja productividad del trabajo, que incide negativamente sobre los costes laborales unitarios y la competitividad-coste exterior. De cara a combatir el desequilibrio exterior -olvidándonos, por un momento, de la competencia que nos llega desde China, etcétera- el panorama con el que se enfrenta el sector exterior no es muy alentador.

Pero ¿qué hay que hacer para combatir la inflación? Nuestra pertenencia al euro y a la UE impone serias limitaciones a las políticas de gestión de la demanda, luego el énfasis habrá que ponerlo en las políticas de oferta. Sin embargo -se nos dirá-, no pasa nada: si mejoramos la productividad, problema resuelto. Sí, de acuerdo, pero no es tan fácil; en 2005 la productividad del trabajo ha crecido sólo al 0,3% y, en años anteriores, lo ha hecho a tasas también decepcionantes. ¿A qué se ha debido? Por una parte, a la alta creación de empleo y, por otra, a que el empleo se ha creado sobre todo en los sectores de construcción y servicios y, por lo tanto, ha sido un empleo de baja calidad, que es lo mismo que decir de baja productividad.

Una segunda razón reside en la insuficiente acumulación de capital físico y tecnológico del modelo actual, cuando todos sabemos que es a partir de la mejora del capital físico, humano y tecnológico, y de sus correspondientes vibraciones de productividad, de donde se nutre el crecimiento económico. Por eso, lo lógico sería optar por ampliar la base tecnológica, fomentar el desarrollo científico de base y aplicado, y mejorar la calidad de la mano de obra. Si apostamos por este nuevo modelo, no podemos olvidar que las políticas que favorecen la productividad y el desarrollo tecnológico tienen un fuerte componente territorial y, por lo tanto, exigirían acuerdos a todos los niveles de la administración, no sólo del Gobierno de España, sino también de los gobiernos autonómicos, los municipios, los agentes sociales y los centros de investigación y universidades.

Desgraciadamente sabemos muy poco sobre los planes del Gobierno de España y de los gobiernos autonómicos sobre el modelo que vamos a seguir. ¿Se va a invertir en la mejora del sistema educativo y la formación profesional? ¿Se va a resucitar la política tecnológica para pymes? ¿Se van a impulsar los parques tecnológicos? Bueno, se dirá el amable lector, ¡háganse pues políticas de oferta para combatir la inflación y acompañémoslas de políticas de I+D+i, y todo resuelto! ¡Qué fácil! ¿No? Cierto, sería estupendo. Pero hay un pequeño inconveniente: para aumentar la capitalización en capital físico, humano y tecnológico de la nuestra economía hace falta poder financiarla y, esto último, implica más ahorro. Como hemos visto al principio, las familias están ampliando su endeudamiento para poder amortizar sus créditos, el ahorro del sector empresas es escaso y la financiación exterior está al límite. Sólo nos queda el sector público para aumentar el ahorro nacional y poder así financiar las políticas de I+D+i. Mientras llega o no el ahorro público, el Gobierno de España puede y debe crear el marco de innovación y desarrollo tecnológico que necesita nuestra economía e impulsar el binomio iniciativa pública-privada que invierta en políticas de I+D+i y nos permita crecer de forma sostenible. Es urgente que España se dote a sí misma de un pacto tecnológico con objetivos claros y medios financieros e incentivos suficientes para invertir a largo plazo -unos 20-25 años, que son los periodos habituales de maduración en ciencia básica y desarrollo tecnológico- en el que estén comprometidos la banca local, la administración autonómica y local y los agentes sociales. Ése es el reto y ése es nuestro futuro.

Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València y funcionario de la Comisión Europea en excedencia.