La Generalitat concluye el expediente sobre las obras sacras de Lleida

El Departamento de Cultura remitió el pasado jueves una carta que incluye las conclusiones del expediente sobre las obras de arte sacro del Museo Diocesano de Lleida que reclama el obispado de Barbastro, al obispo de esta diócesis y a los distintos miembros del consorcio del museo, con quien la consejera Caterina Mieras deberá negociar antes de emitir su dictamen definitivo. Las partes afectadas tendrán 10 días para presentar alegaciones. Al menos uno de los informes se muestra favorable a la devolución de las obras.

Este expediente se realizó, según Cultura, a petición del obispo de Lleida, que el pasado octubre solicitó autorización al departamento para mover las obras que están catalogadas como patrimonio catalán. La descatalogación es un paso previo para proceder, si así se decide, a la entrega de las obras a la diocésis de Barbastro. La decisión final se conocerá a mediados de abril.

Ayer, la filtración de uno de los informes jurídicos que forman parte del expediente provocó malestar en algunas de las instituciones que están representadas en el consorcio del Museo Diocesano y Comarcal, especialmente en la Diputación, cuyo presidente, el convergente Isidre Gavín, indicó que si se devuelven las obras será "un expolio". El informe, uno de los tres que ha encargado la Generalitat, concluye que se puede autorizar el traslado de los bienes al lugar que las autoridades eclesiásticas decidan sin que suponga romper la unidad museística.

Según indicó ayer el primer consejero de la Generalitat, Josep Bargalló, el Gobierno catalán no ha tomado todavía una decisión firme sobre si autoriza o no la salida de las obras en disputa y aseguró que el dictamen jurídico encargado, que ha elaborado su departamento, tiene un mero carácter orientativo. "Se trata de conocer aquello que el marco legal permite hacer en este asunto, lo cual no quiere decir que sea lo que finalmente haga el Gobierno", señaló Bargalló.

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, se reunió ayer con los alcaldes de los ayuntamientos de las 111 parroquias aragonesas que reclaman los bienes depositados en Lleida, informa Concha Montserrat. Ramón Miranda, alcalde de Graus, resumía lo que es su opinión mayoritaria: "Los bienes son de la Iglesia, lo que garantiza la unidad de la colección, y deben retornar, pero corresponde a los obispos, en colaboración con los Gobiernos autónomos, decidir de qué forma hay que mostrarlos, catalogarlos y conservarlos".