El PSE y UGT arremeten contra la declaración institucional sobre los dependientes

El PSE y UGT-Euskadi salieron ayer a la palestra casi a la vez para replicar con dureza a las críticas que las instituciones vascas (Gobierno, diputaciones y la asociación municipal Eudel) lanzaron el miércoles al anteproyecto de ley de Dependencia. Los tres niveles institucionales de Euskadi aseguraron en una declaración conjunta que la norma invade competencias autonómicas, carece de un sistema de financiación adecuado y no da una respuesta integral a las personas dependientes. Tanto los socialistas como la UGT se preguntaron ayer si las instituciones vascas pretenden privar a sus ciudadanos de "un nuevo derecho social".

La ejecutiva socialista difundió un comunicado en el que considera "razonable sospechar" que el Gobierno intenta, con el "pretexto infantil" de una "supuesta" invasión de competencias, hurtar derechos a los vascos. El comunicado recuerda que la ley será de aplicación en Euskadi al ser de carácter básico y recalca que "en ningún caso" se van a vulnerar competencias.

La declaración institucional, en la que el miércoles se sumaron representantes del PNV, EB y el PP, planteaba que el anteproyecto "excede con mucho los límites" que la Constitución concede al Ejecutivo central.

"El Gobierno de Ibarretxe tendrá que explicar a más de 50.000 personas, que no reciben ayudas o reciben ayudas totalmente insuficientes, si está dispuesto a hacer posible, en el ámbito de sus competencias, que la ayuda a las situaciones de dependencia llegue a ser un derecho social y universalmente reconocido", añade el texto de los socialistas.

"Atención deficiente"

UGT, mientras, acusó a las instituciones vascas de ofrecer "una atención deficiente", que, además, "no alcanza a todas las personas dependientes". La responsable para la Igualdad de la central en la comunidad autónoma, Emilia Málaga, afirmó que la creación de un nuevo derecho social va a mejorar la situación de las familias vascas, "que son quienes han tenido que soportar la responsabilidad de la atención a sus dependientes, ya que la atención pública vasca prestada se puede definir, hoy por hoy, como sustancialmente escasa".

UGT aseguró que la creación de un sistema nacional de dependencia va a garantizar que ninguna administración haga "dejación de responsabilidades" en esta materia, y recordó que, habiendo competencias sobre la misma, la atención a las personas dependientes sigue siendo "altamente insuficiente, por lo que o no se han ejercido las competencias o se han ejercido mal".

El sindicato comparó esta situación con otra ocurrida hace seis años con motivo de la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, ya que, según indicó, a pesar de que Euskadi tenía la competencia, "se negó a prestarles atención hasta que una ley estatal le obligó a ello".