Meter miedo con dinero público

El abogado del Estado denuncia que la campaña de pensiones de 2003, que utilizó el lema Dicho y hecho, puede constituir una responsabilidad por alcance. Y pide su envío a la Sección de Enjuiciamiento para el reintegro de los 7,2 millones de euros que costó.

El fiscal no comparte este criterio. Pero sí ha ordenado enviar a la Fiscalía Anticorrupción, para que reconsidere el archivo que decretó en septiembre de 2004 de su investigación sobre este contrato por posibles prevaricación o tráfico de influencias, cinco documentos que han aflorado durante la auditoría aprobada ayer por entender que cuando cerró sus pesquisas no le habían sido entregados por el anterior equipo ministerial. Entre los supuestos documentos que sí ha manejado el Tribunal de Cuentas y no Anticorrupción figura el certificado del INSS con los servicios prestados en el que se refleja de forma explícita el postest (documento de la campaña reproducido arriba) que analiza la campaña en lo que se refiere a destacar el pretendido contraste del "Miedo (Gestión del PSOE) con la Seguridad (Gestión del PP)". Otro documento que el fiscal enviará a Anticorrupción desmontaría la supuesta imprevisibilidad del monto de la subida de las pensiones alegada para contratar sin concurso y por urgencia con la firma Carat, que dirigía el ex portavoz del Gobierno del PP Miguel Ángel Rodríguez.