La Fiscalía alerta sobre la difusión de datos del decanato sevillano

La Fiscalía de Sevilla puso ayer en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que el decanato de Sevilla podría estar infringiendo la Ley de Protección de Datos. El decanato ofrece información de sus ficheros a cualquier ciudadano que lo solicite, aunque no se trate del interesado y, por tanto, cualquier persona puede saber si alguien es o ha sido interviniente (sin determinar si son denunciantes, denunciados o perjudicados) en algún procedimiento judicial.

Federico Jiménez Ballester, el decano de los jueces de Sevilla, informó a la Fiscalía hispalense de que ni están "infringiendo la Ley de Protección de Datos ni las normas del Consejo" y añadió que no existe ninguna "norma que regule este tipo de archivos". Jiménez Ballester aseguró que ofrecen información "imprescindible en muchos casos para el normal funcionamiento de la administración de justicia".

La Fiscalía hispalense entiende que la Fiscalía General del Estado debe comunicar los hechos al Consejo General del Poder Judicial para que establezca las instrucciones que permitan acabar con esta situación. La Ley de Protección de Datos exige que una base de datos de "esa envergadura" esté regulada por una ley específica, según dijeron fuentes de la Fiscalía.

La situación no es exclusiva de Sevilla y se reproduce en otros decanatos andaluces, según reconocen algunos abogados. Algunos letrados, que prefieren guardar el anonimato, explican que el servicio está siendo utilizado para facilitar esa información a entidades privadas como los bancos, que pueden disponer así de información adicional sobre sus clientes.

Antecedentes llamativos

José Joaquín Gallardo, el decano del Colegio de Abogados de la capital andaluza, manifestó que desconoce si ocurre lo mismo en otros decanatos y dijo que a su entender no existe ninguna norma que "regule estas bases de datos". "Se trata de facilitar el acceso a la información a los profesionales" para que hagan su trabajo, dijo.

El funcionamiento de esta base de datos fue detectado por la Fiscalía de Sevilla, cuando abrió diligencias previas que se archivaron a raíz de un juicio con jurado por un supuesto delito de homicidio, celebrado en el año 2005. El abogado del acusado sacó a relucir los distintos procedimientos judiciales en los que la víctima había estado inmersa y la Fiscalía trató de averiguar cómo había obtenido esa información.

El letrado explicó que lo había conseguido en la base de datos del Decanato de Sevilla. El Ministerio Público se dirigió entonces al decano para interesarse por la información que facilitaba a quienes acuden al mostrador del servicio de informática. Y una vez que tuvo la explicación del Decanato decidió acudir a la Fiscalía General del Estado para tratar de resolver lo que la Fiscalía sevillana considera como un "problema".