Viaje hacia la muerte
A las decenas de cadáveres de inmigrantes subsaharianos ahogados en las últimas semanas en aguas del Atlántico cuando intentaban ganar las costas canarias -45 de ellos en tan sólo dos días-, se añadieron ayer los de otras 18 personas localizadas flotando en alta mar a 400 millas al sur de las islas. Esas cifras deberían bastar para reconocer la gravedad del problema humano planteado; pero es seguro que muchas más habrán perdido la vida sin que sus cadáveres hayan sido localizados, dado el largo trayecto que separa las costas de Mauritania, de donde procede ahora el mayor contingente migratorio africano, de las de Canarias.
Noticias de fuentes mauritanas hablan de cientos de miles de personas que han ido concentrándose en ese misérrimo país desértico, procedentes del resto del continente, a la espera de una oportunidad para entrar en Europa a través de la ruta canaria. El viaje puede durar varias jornadas, dependiendo del estado de la mar, y el riesgo de naufragio es alto, dada la fragilidad de las embarcaciones, ahora más grandes que las pateras que cruzan el Estrecho pero no más seguras. El desplazamiento hacia Mauritania de las antiguas rutas de Argelia y Marruecos es consecuencia de la mayor vigilancia de estos países, en la vertiente sur del Mediterráneo y también ahora en la costa del Sáhara Occidental, de la que partían hasta hace poco la mayoría de las embarcaciones con destino a Canarias.
Pero Mauritania, cuya renta per cápita ronda los 500 dólares y cuyo aparato estatal es mínimo, no está en condiciones de controlar ese flujo. España es consciente de ello, y de ahí que la comisión interministerial reunida ayer en Moncloa para hacer frente a la emergencia (y a la solicitud de ayuda del Gobierno de Canarias, desbordado por la situación) aprobase un plan urgente de cooperación que hoy mismo será presentado a las autoridades del país africano.
Las medidas esenciales son la puesta a disposición del Gobierno mauritano de patrulleras que dificulten la salida de embarcaciones clandestinas, y la creación en ese país de centros de acogida que permitan atender las necesidades básicas de los inmigrantes. También se intentará reactivar el acuerdo de readmisión suscrito en su día con ese país; pero es seguro, a la vista de experiencias anteriores, que tal readmisión requerirá compensaciones -los inmigrantes ilegales proceden de terceros países- y que España no puede hacerse cargo en solitario de este problema.
Frente a tantos problemas imaginarios que ocupan a muchos políticos, ninguno tan real como el planteado por esos cientos de miles de seres humanos dispuestos a morir en el intento; hay razones para esforzarse por evitar que se agrave día a día. Y es una cuestión que afecta no sólo a España, sino a la Unión Europea.
