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La empresa Sáez Merino planea despedir a 654 trabajadores y el cierre de sus cuatro fábricas

El grupo textil deja la fabricación y convertirá Benaguasil en sede única no industrial

Sáez Merino tira la toalla de la producción. El fabricante de Lois, Cimarron, Caroche y Caster ha puesto sobre la mesa los detalles de su plan de viabilidad. El Juzgado Mercantil número 2 de Valencia admitió ayer a trámite el expediente de regulación de empleo presentado el lunes por la empresa en el que plantea el despido de 654 trabajadores, casi el 72% de su plantilla. El plan incluye el cierre de sus cuatro fábricas, aunque una, Benaguasil, se convertirá en sede única no industrial. El plan hará del grupo un negocio de diseño, comercialización y distribución de sus cuatro marcas.

Los sindicatos criticaron con dureza el plan y anunciaron fuertes movilizaciones

El grupo dice que el fuerte ajuste se debe a su resistencia a renunciar a producir

En dos años, este grupo textil nacido a mediados del siglo XX en Millares ha pasado de emplear a más de 1.600 personas y de tener ocho plantas productivas en distintos puntos de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha a poner sobre la mesa un plan de viabilidad que implica el final de la producción propia y quedarse con una plantilla de 259 personas en un único centro. Ayer, el grupo relacionó ambos momentos y se mostró "incapaz" de competir en costes y márgenes con los países emergentes, "muy especialmente China".

El grupo argumentó ayer, a través de un comunicado, que el paso dado en 2004 que estuvo acompañado de la deslocalización de parte de la producción con la subcontratación de producto en el norte de África fue un "intento de salvar su nivel de ventas y márgenes". Intento, añadió, que la "negativa evolución del mercado y los resultados en el ejercicio 2005 han hecho que aquella medida fuera insuficiente y tardía". La dirección también quiso dejar claro que el "drástico" ajuste que ahora plantea se debe a su "resistencia a renunciar a unas actividades industriales que marcaron la vida de la empresa desde sus inicios". La concreción de los planes de Sáez Merino implicará el incremento de la subcontratación de producción fuera de España.

Sáez Merino presentó concurso de acreedores a principios del pasado mes de febrero y, dentro de ese proceso, el lunes hizo lo propio con el expediente de regulación de empleo para casi el 72% de sus 913 trabajadores. Ayer, el juzgado mercantil número dos de Valencia admitió a trámite la propuesta de ajuste de empleo. Un expediente argumentado en causas económicas y productivas que arrancan en una caída de las ventas desde 2002 y que el año pasado llevaron a la empresa a cerrar el ejercicio con unas pérdidas antes de impuestos de 14,1 millones de euros. Tras la admisión a trámite la semana próxima se abrirá el periodo de un mes de consultas con los sindicatos.

El grupo detalló sus planes en cada una de las cuatro empresas que lo forman. La más afectada por el recorte previsto será Sáez Merino Sewing, dedicado a la confección, donde están previstos 328 despidos de una plantilla de 404 personas. En Sáez Merino Textile 15 trabajadores mantendrán sus empleos con un ajuste que afectará a 234 trabajadores. Sobre la tercera empresa, Sáez Merino, se proyectan 67 despidos de 200 trabajadores y sobre General Garments, 16. En conjunto, los planes no implican el despido de todos los trabajadores de los centros de trabajo -excepto en Daimiel donde se planea el despido de sus 134 empleados-, pero los que no se vean afectados por el ajuste se reagruparán en Benaguasil. El plan, además, prevé la congelación salarial de los 259 trabajadores que seguirán.

Los administradores concursales se reunieron ayer con los sindicatos. Las federaciones del textil de UGT-PV y CC OO-PV calificaron de "ajuste muy duro" y anunciaron "fuertes movilizaciones" en contra de esta medida, según recogió la Agencia Efe. El secretario general de Fiteqa-CC OO, Vicente Rodríguez, criticó que la medida supone "la desaparición de la parte industrial y un ajuste muy duro de los departamentos técnicos y administrativos". Y el secretario de Acción Sindical de FIA-UGT, Ramón Morales, aseguró que se opondrán "con todos los instrumentos que tengamos" al plan y recordó que pese al bache no está justificado un plan tras drástico. Morales también dijo que pedirán la intervención de la Generalitat que, dijo, "debe oponerse a esta barbaridad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de marzo de 2006