La Agencia del Agua determinará cuántos hogares deberán pagar el canon ecológico

La Agencia Vasca del Agua determinará cuántos hogares tendrán que pagar el canon ecológico por el consumo de agua desde finales de año, cuando está previsto que entre en vigor la nueva ley pactada por el Gobierno tripartito y el PSE. El órgano que unificará las competencias dispersas ahora entre distintas administraciones tendrá una ingente labor para precisar qué domicilios superan el consumo de 130 litros por día y persona. Expertos consultados alaban el carácter progresista de la norma, pero alertan de la dificultad de disponer de los datos concretos de cada hogar.

El pacto entre socialistas y el Departamento de Medio Ambiente para disponer de una Ley de Aguas, doce años después de que el Estado transfiriera las competencias hidráulicas a Euskadi, ha introducido limitaciones al canon ecológico, una de las novedades de la normativa, impuesto por una directiva de la UE. En concreto, establece la exención de los hogares que consuman menos de 131 litros por persona y día, la barrera que marca el consumo medio en los domicilios vascos.

La consejería de Medio Ambiente no tiene calculados cuántos hogares deberán pagar este recargo, que será de 0,06 euros por metro cúbico de agua consumida por encima de aquel límite. Ni tampoco la merma en la recaudación prevista que supone ese volumen exento. Sin contar con ella se había calculado obtener con el canon entre 13 y 15 millones. Un portavoz de Medio Ambiente no quiso comentar los otros aspectos de la nueva ley hasta que esté definitivamente elaborada.

El acuerdo con los socialistas aún no se ha plasmado en un documento escrito, pero los demás cambios que se incluyan serán técnicos o de escaso contenido y se introducirán en el debate parlamentario, que se desarrollará los dos próximos meses.

La fijación del mínimo exento en función del consumo de los miembros del hogar y no por una cantidad global obligará a los consorcios y mancomunidades que se ocupan del suministro a una importante labor de recopilación y tratamiento de datos. El problema se puede complicar en algunas comarcas donde los abonados ni siquiera reciben una factura detallada del consorcio correspondiente y los contadores no se revisan cada trimestre. "Va a ser un tinglado informático por la necesidad de cruzar todos esos datos", asegura Enrique Noain, gerente de la Mancomunidad de Añarbe, encargada de la gestión del saneamiento y abastecimiento de agua de San Sebastián y diez municipios del entorno. Noain señaló que la frontera de 130 litros "no parece que está mal", ya que supone, según sus cálculos, un consumo cercano a los 30 metros cúbicos por trimestre en un hogar de entre dos y tres personas.

Juanjo Aguirre, subdirector de Desarrollo Sostenible del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, que proporciona el agua a un millón de vizcaínos, ve "muy complicado" controlar quién paga el canon. "Exigirá disciplina en las lecturas de contadores. Tienes que meter un sistema contable y luego atender si los ciudadanos plantean recursos. Y aparte está el problema de que los contadores midan mal".