Rechazadas las enmiendas del PP y EHAK

El acuerdo con los socialistas posibilitó que la futura ley de Aguas superara ayer el primer escollo parlamentario: la votación de las enmiendas de totalidad del PP y EHAK que pedían la devolución del proyecto al Gobierno. Ahora empezará el trámite de discusión de las enmiendas parciales, un total de 240 presentadas por los distintos grupos y que se debatirán en la ponencia constituida ayer en la comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente.

La sesión sirvió para plasmar el acuerdo entre el tripartito y el PSE, que retiró su enmienda a la totalidad. Los otros grupos de la oposición mantuvieron sus críticas a la norma. El PP considera que el canon ecológico supone pagar un servicio "por partida doble", algo "expresamente prohibido" por el Gobierno central. Así lo advirtió la popular Esther Martínez, quien vaticinó que la implantación de este canon llegará al Tribunal Constitucional. Afirmó también que el consumo excesivo del agua ya está penalizado y criticó la Agencia Vasca del Agua al asegurar que estará controlada por el Gobierno y los usuarios no tendrán "ninguna capacidad de decisión".

La parlamentaria de EHAK Aintzane Garate calificó de "ente privado" a la agencia y se mostró contraria a que se haga cargo de las "competencias de las instituciones".

En cambio, el peneuvista Iñaki Gerenabarrena defendió la Agencia del Agua como el organismo que "resolverá el problema competencial" actual. "No invade competencias. Plantea un lugar donde ponerlas en común", dijo, y rechazó que el canon ecológico suponga una doble imposición. La socialista Natalia Rojo destacó que el texto pactado garantiza "una mejor gestión de un recurso escaso" y agregó que el canon permitirá un "uso responsable" del agua "y el cobro proporcional".

Nekane Alzelai (EA) destacó que EHAK "ha estado prácticamente de acuerdo con el PP" en los argumentos para rechazar la ley y negó cualquier tipo de privatización. Antton Karrera (Ezker Batua), defendió que la Agencia del Agua persigue una "respuesta unificada" y Aintzane Ezenarro, de Aralar, manifestó que espera alcanzar acuerdos sobre el texto con Medio Ambiente.

Se espera que el proyecto sea sometido en abril o mayo a aprobación por el pleno del Parlamento. Luego vendrá el periodo de exposición pública y de alegaciones ciudadanas, por lo que se calcula que la ley esté definitivamente en vigor para finales de este año.