Sanidad apartó a Maeso de La Fe al haber admitido que tomó opiáceos

Roberto Roig, ex secretario de la Consejería de Sanidad en 1998 y director del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana desde 2003, explicó ayer al tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Valencia que decidió incoar el expediente disciplinario a Juan Maeso y proponer que fuera apartado del ejercicio de la medicina porque "él mismo declaró en la Unidad de Evaluación de la Sanidad y Calidad Asistencias (Uesca) que había utilizado derivados opiáceos". Roig insistió en que esa afirmación, para él y para la que entonces era responsable de la Uesca, Amparo Flores, "son indicios suficientes, no es una práctica habitual". El testigo, que declaró a propuesta de la defensa del acusado, dijo además que "todo hacía aconsejable que se le apartara, por la alarma social desatada, por la propia seguridad de Maeso, porque si la Casa de Salud lo había hecho no parecía razonable que nosotros le mantuviéramos en quirófano".

Roig tuvo noticia del brote de forma verbal por el ex director general de Salud Pública, Francisco Bueno. En esa primera información, dijo, no constaba más que la existencia del brote. Formaba parte del Consejo de dirección de la Consejería de Sanidad y asistió en dos ocasiones a reuniones de la Comisión Científica creada por la Administración para analizar su origen. Roig explicó al tribunal que fue poco después de que iniciara las investigaciones cuando los hechos empezaron a apuntar a Maeso, único imputado por el contagio a 276 pacientes en cuatro hospitales. "Los datos de Casa de Salud sobre los contagios señalaban que parecía que estaban vinculados a determinada actividad en ese centro". Eso, según dijo, le valió para firmar la resolución del 7 de abril de 1998 por la que se abrió un expediente, paralizado desde entonces, que aparta cautelarmente al imputado. Y precisa Roig: "Se le apartó de trabajo, no de sueldo". El testigo explicó también que el firmó esa resolución porque era un expediente disciplinario, mientras que los sancionadores que se cursaron a una docena de profesionales por no comunicar el brote tiene carácter administrativo, los incoa el director territorial y en función de la cuantía de la sanción los recibe el mismo director territorial, el director general de Salud Pública o el consejero.

Un anestesista, el doctor Verdejo, y un ATS, Miguel Ángel Muñoz, comparecieron también ayer ante el tribunal. Éste último coincidió en el maternal de La Fe con Maeso en el último año del anestesista en el complejo sanitario público. A preguntas de la defensa explicó que sí había oído comentarios de que el anestesista se drogaba. "Siempre fueron de las mismas personas, que eran del mismo grupito, de la misma orientación y que tenían los mismos intereses", afirmó. Según él, "ninguna de mis compañeras de quirófano me dijo que le hubiera visto". Agregó que había profesionales que se hicieron una composición de los hechos "como la mía". Y concluyó: "El doctor Maeso acabó de raíz con el problema que en reanimación se decía que había habido con una anestesista a la que le empeoraban todos los pacientes. Y quienes la cobijaban se lo hicieron pagar".