EU-L'Entesa amplía la denuncia al fiscal sobre el PAI de Tavernes

EU-L'Entesa ha ampliado la denuncia presentada el pasado noviembre ante la fiscalía para que investigue si el alcalde de Tavernes de la Valldigna, el popular Eugenio Pérez Mifsud, y su primo Arturo Alario, ex director de Inversiones de Bancaja, se valieron de información privilegiada en la adquisición de unos terrenos en el denominado PAI Vall del Mar. El portavoz del grupo de EU-L'Entesa en la Diputación de Valencia, Josep Bort, ha aportado al fiscal copia de varias notas simples del Registro de la Propiedad de Tavernes de la Valldigna, que acreditan que tanto el alcalde como el ex directivo de Bancaja son propietarios de diferentes terrenos en la zona afectada por este PAI.

Además, según Bort, también tienen propiedades en el sector la sociedad limitada Marenys SL, que preside la empresa Actura -filial de Bancaja-, "así como la sociedad Esbaf, participada por familiares del alcalde y por Felipe Sala Agustí, propietario a su vez de la firma Felmarp". Según el diputado provincial, Sala, además de ser socio de familiares del alcalde, es dueño (a título personal y a través de su empresa Felmarp) de más terrenos en la zona. En conjunto, según cálculos de EU-L'Entesa, todos ellos tendrían unas 46,5 hectáreas en la zona afectada por el proyecto urbanístico. Según esta formación política, Felmarp "es una sociedad que ha sido beneficiada por un gran número de concesiones en los últimos tiempos por parte del Ayuntamiento de Tavernes". Bort añade que "todo este movimiento de compra-venta en el área afectada por el PAI se hizo antes de hacerse pública la presentación del proyecto urbanístico en mayo de 2005".

El diputado provincial destacó que las averiguaciones realizadas por su grupo son "nada más que la punta del iceberg". "Por eso hemos insistido al fiscal que investigue otras operaciones hechas de manera menos transparente y que no constan en el registro de la propiedad", añadió.

Escándalo en octubre

El escándalo en torno al PAI Vall del Mar estalló a finales de octubre cuando trascendió que el entonces director de Inversiones de Bancaja, Arturo Alario, había adquirido junto a otros familiares terrenos en el PAI que promovía su propia empresa, Bancaja. Poco después, Alario se vio obligado a renunciar a su cargo en la entidad financiera a consecuencia del escándalo, tras negar que hubiese hecho uso de información privilegiada. Actura, filial inmobiliaria de Bancaja, pretendía desarrollar sobre cuatro millones de metros cuadrados una urbanización de 700.000 metros cuadrados, con 4.000 viviendas, un centro comercial, un parque tecnológico y dos campos de golf.

Bancaja retiró el proyecto urbanístico después del saltar el escándalo, si bien, según Bort, éste volverá a presentarse una vez se haya tramitado el concierto previo necesario para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tavernes.