El alcalde de El Puerto declara como imputado por un delito urbanístico

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Hernán Díaz Cortés, de independientes Portuenses (IP), declaró ayer ante la juez de Instrucción número dos de la localidad, como imputado por haber permitido la construcción de la urbanización ilegal de la finca Pinar de Coig, un terreno protegido de la ciudad donde, a pesar de contar con declaración de Sistema General de Espacios Libres destinado a parque público han sido construidos hasta una veintena de chalets sin que el consistorio adoptase medidas correctoras.

En su declaración Díaz Cortés reconoció que era consciente de la ilegalidad de la actuación y explicó que no impidió el crecimiento inmobiliario ante el convencimiento de que la Consejería de Obras Públicas de la Junta, que estaba al corriente de los hechos, corregiría la situación, como con anterioridad había hecho en el caso de la finca Las Beatillas, donde un promotor construyó un Palacio de Congresos sin licencia. En este caso, la pasividad municipal fue respondida por el Gobierno andaluz asumiendo las competencias de este expediente con la finalidad de restablecer la legalidad.

El abogado Enrique Bartolomé, que representa a los denunciantes del caso, Ecologistas en Acción, aseguró ayer que Hernán Díaz "demostró una absoluta falta de responsabilidad al asegurar que pensaba que la Junta se haría con las competencias para reconducir la ilegalidad". Por otra parte, el alcalde excusó ante la juez su dejación aclarando que en el caso de Pinar de Coig quien conocía y decidía era el concejal de urbanismo, su compañero de partido Juan Carlos Rodríguez que también está imputado en la causa.

El primer edil reconoció en su declaración, que se prolongó durante 40 minutos, que el Ayuntamiento concedió en por "motivos humanitarios, porque había personas enfermas en al zona", el enganche de luz a las viviendas.

En el curso de la declaración ante la juez, el primer edil portuense mantuvo un desencuentro con su propio abogado, Felipe Meléndez, después de afirmar: "No me fío ni de mi defensa", según explicó el abogado de la acusación.

Por su parte, el concejal de urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, citado también para declarar en la mañana de ayer excusó su personación alegando problemas de salud.

También ayer declaró como imputado el anterior concejal de urbanismo portuense, Pedro Alamillos (IP), hoy apartado de la actividad política, quien aseguró ayer que "en reiteradas ocasiones" advirtió que el suelo no podía ser desarrollado con fines urbanísticos y "que el alcalde era consciente de ese hecho".

Por último prestaron declaración, también como acusados, el propietario que parceló y vendió el pinar, José Pinto, y el supuesto intermediario en la venta de las parcelas, Rafael Pacheco.

Según los ecologistas, durante los últimos 14 años de mandato de IP, en El Puerto se han podido edificar unas 5.000 viviendas ilegales.