Un conflicto recurrente

El malestar que se está extendiendo en el seno de la UPV por el trato que recibe del Gobierno vasco ha encontrado una nueva vía de manifestación en el sistema retributivo del profesorado. La reclamación de una mejora de las condiciones salariales de los docentes, compañera de viaje de la universidad pública casi desde su nacimiento, ha cobrado así renovados bríos.

El anuncio de todos los sindicatos con representación entre los profesores de convocar una huelga en demanda de un aumento lineal en sus sueldos, cifrado en una media de 6.000 euros brutos anuales, refleja que el problema de fondo persiste. Lejos de solucionar esta demanda, la gestión de los polémicos complementos de productividad, pendientes aún de regulación definitiva por decreto, han logrado concitar el rechazo de todas las centrales, algo bastante inhabitual.

El acuerdo firmado en diciembre de 2004 sigue todavía hoy pendiente de materialización

Los obstáculos financieros, reglamentarios e incluso políticos que han tenido que salvar los complementos desde su gestación en 2000 les han llevado a un segundo plano. Su carácter individualizado en función de los méritos y el posibilismo que representan ha dado paso a una demanda de máximos y generalizada para todo el profesorado.

Los sindicatos justifican el elevado importe de la subida solicitada por las diferencias frente a los docentes de Secundaria y, sobre todo, al personal de la Administración vasca con una categoría similar. Sin embargo, las quejas van más allá y las centrales cimentan también sus demandas en la comparación con los sueldos de los profesores universitarios de otras comunidades.

En virtud del actual sistema, el País Vasco, como las otras comunidades, debe pagar los sueldos de los profesores de las universidades públicas de su territorio. Sin embargo, es el Gobierno central el que fija la cuantía de esas retribuciones económicas.

Dado lo limitado de esas cantidades, los gobiernos autónomos han ido buscando sistemas para mejorar los emolumentos de los docentes. Comunidades como Madrid, Extremadura o Murcia han establecido complementos de docencia que en sus primeros tramos suponen, por lo reducido de los requisitos que se exigen, un aumento lineal para el conjunto del profesorado. Cataluña, en cambio, ha elegido un sistema basado en una homologación progresiva de los sueldos de los docentes con los de sus categorías equivalentes en la Administración autonómica.

Ninguna de las dos opciones se puede vincular con lo que pasa en la UPV. Los complementos de productividad del profesorado ideados a fines de los 90 se basaban en los méritos de los docentes funcionarios. A esa premisa, que reducía el número de beneficiarios, se han sumado sus múltiples problemas de aplicación.

La implantación en 2000, con Manuel Montero al frente del Rectorado, de un sistema para el que el Gobierno vasco, por su prórroga presupuestaria, no había destinado fondos suficientes causó, además de un enconado enfrentamiento con la entonces consejera de Educación, Anjeles Iztueta, un creciente déficit económico de la UPV.

Los impedimentos han continuado pese al cambio en el equipo de Educación, ahora dirigido por Tontxu Campos. El acuerdo firmado todavía por Iztueta con el actual rector, Juan Ignacio Pérez, en diciembre de 2004 que fijaba, entre otras cosas, la ampliación de los potenciales beneficiarios y el calendario para su regulación por decreto, está, más de un año después, pendiente aún de su materialización.

Este retraso ha aumentado el "hartazgo", patente en amplios sectores del profesorado, por la gestión global de la consejería. Por último, el incumplimiento de la negociación acordada con los sindicatos sobre el borrador de la regulación de los complementos ha hecho germinar una desazón en la que el sistema retributivo se presenta sólo como la punta del iceberg.

Fuentes oficiales de la UPV no quisieron opinar sobre la polémica abierta con respecto a las atribuciones de los docentes.