Aprobado el Título del Estatuto catalán sobre el Poder Judicial con la única oposición del PP

La adaptación del Poder Judicial al sistema autonómico, uno de los objetivos que movieron a los partidos catalanes a reformar el Estatuto fue alcanzado ayer con general satisfacción de los proponentes, incluida Esquerra Republicana. La principal novedad es que se establece que todo el personal al servicio de la justicia en Cataluña deberá acreditar un conocimiento "adecuado y suficiente" de la lengua catalana "para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos". Uno de los recortes introducidos por el PSOE es que este conocimiento no será un requisito en las oposiciones, como decía la propuesta, sino un mérito.

Con la única oposición del PP, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó el Título III del nuevo Estatuto catalán, que versa sobre El Poder Judicial en Cataluña. El debate se concentró desde el principio en el rechazo por todos los demás grupos de la consideración del proyecto como una "fragmentación" del Poder Judicial en España. El diputado del PP Ignacio Astarloa arremetió contra lo que consideró una imposición del conocimiento del catalán como un "requisito". El resto de los grupos rechazó esta crítica.

Astarloa sostuvo que "no hay poder único si hay requisitos distintos" para acceder a las plazas de jueces o magistrados. También argumentó que en el proyecto se utilizan como sinónimos los conceptos "desconcentración" y "descentralización", referidos al Consejo General del Poder Judicial. Con el resultado, aseguró, de crear "17 poderes judiciales".

La respuesta del socialista Diego López Garrido no fue menos contundente. Acusó a Astarloa de haber dicho "barbaridades y disparates" para construir "con falsedades rotundas y mentiras radicales" una "película de ficción" que en nada se parece al proyecto de Estatuto debatido.

López Garrido recordó que la "adecuación" de la justicia al Estado de las Autonomías que ahora se concreta es uno de los compromisos electorales del PSOE, que se lleva a cabo mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en lo que les corresponde, en los estatutos de autonomía.

Destacó también que el proyecto ha sido cuidadosamente retocado, de manera que se garantiza su plena constitucionalidad. "De tres alusiones a la Ley Orgánica del Poder Judicial con que el proyecto llegó de Cataluña se ha pasado a doce", afirmó.

De este aspecto de la reforma dijo la diputada de CiU Núria Gispert que consuma sus "viejas aspiraciones" y llena sus "expectativas". En cambio, el republicano Joan Ridao acusó a los diputados del PP de ser "discípulos de Goebbels" por estar repitiendo falsedades una y otra vez como si fueran verdades. "¡Poder Judicial propio! ¡El idioma catalán como requisito! Qué más quisiéramos. ¡Es falso!", exclamó.

El portavoz de Izquierda Unida-ICV, Joan Herrera, acusó al PP de estar defendiendo la permanencia de un modelo centralista de Poder Judicial "que utilizan como uno de sus arietes contra el Gobierno" y se congratuló de que la reforma del Estatuto catalán "contribuya a desmontarlo" en su configuración actual.

Los cambios

La reforma introduce dos grandes cambios. El primero es que Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pasa a ser el órgano en que culmina la organización judicial en Cataluña y la última instancia jurisdiccional en los procesos iniciados en Cataluña. También será la última instancia para todos los recursos "sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina".

El otro gran cambio es la prevista creación del Consejo Superior de Justicia de Cataluña (CSJC) como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este Consejo, que será presidido por el presidente del TSJC, estará encargado de gobernar la justicia en Cataluña, de acuerdo con las leyes y las funciones que le delegue el CGPJ.

De la rúbrica del artículo 102, que trata sobre el conocimiento del idioma catalán por el personal al servicio de la justicia, se cayó ayer la palabra "requisito", en virtud de una enmienda transaccional negociada el domingo por la tarde por el PSOE con CiU apoyada por Iniciativa Verds. ERC y Partido Popular votaron en contra de esta enmienda, aunque por motivos opuestos. Tal como ha quedado, este artículo determina que los magistrados, jueces y fiscales que ocupen una plaza en Cataluña "deberán acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la forma y con el alcance que determine la Ley".

En todo caso, se especifica, el conocimiento "suficiente" de la lengua catalana, así como el del derecho propio de Cataluña "se valorará específicamente" para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslado.