La Audiencia admite que se tase el patrimonio de Fabra y que se cite a declarar al consejero González Pons

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha admitido parcialmente un recurso de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE), por el que solicitaba la práctica de pruebas documentales y testificales que fueron rechazadas por una de las siete jueces que ya han participado en el llamado caso Fabra. La Audiencia considera "útiles y pertinentes" las diligencias que determinen la "naturaleza y origen del incremento patrimonial" tanto del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, como de su esposa, Amparo Fernández, "sus hijos y sociedades directamente controlados por los mismos y su incidencia fiscal en el período que media entre el año 1999 y el año 2004, en toda clase de impuestos". Según el auto, la tasación de todos los bienes servirá para investigar "los hechos que pudieran integrar el delito contra la hacienda pública, y a la vez pudieran aportar algún dato, siquiera indiciario, sobre la percepción o no de dádivas o de beneficios y por ellos la comisión o no de los delitos de contenido económico objeto del procedimiento". Carlos Fabra está imputado y es investigado ante la posible comisión de un fraude fiscal así como de presuntos delitos contra la administración que, según indica el auto de la audiencia, podrían ser los de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas.

Además de esta prueba documental, la Audiencia ha admitido que se practiquen otras pruebas testificales, por las que la UCE llamará a declarar al actual portavoz del Consell, Esteban González Pons, ya que era portavoz del PP en el Senado cuando se produjeron las gestiones ante la Administración central para agilizar la aprobación de productos fitosanitarios por las que el empresario Vicente Vilar ha denunciado que pagó a Fabra "cantidades millonarias". El entonces senador participó en la aprobación de una ley sobre estos productos.

La audiencia permite también que se tome declaración al senador del PP por Castellón Juan José Ortiz, al ex subdirector general de Medios de Producción Agraria, Juan José Guitián, y a los guardaespaldas de Fabra. Respecto a éstos, la audiencia admite el apartado del recurso de la UCE en el que sostuvo que el hecho de que no estén directamente relacionados con personas imputadas, no es óbice para que se les interrogue ya que "la utilización de testaferros es práctica común en la ocultación de incrementos irregulares (del patrimonio)".