El fiscal acusa de corrupción al alcalde de Orihuela y a cinco de sus concejales, todos ellos del PP

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha pedido al juez que abra diligencias por las denuncias de corrupción, relacionadas con la gestión urbanística y contable del Ayuntamiento de Orihuela, que preside José Manuel Medina, del PP. El ministerio público aprecia "indicios de delito" por malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación en una treintena de casos. En su escrito, el fiscal asegura que los denunciados, además del alcalde, son los responsables de diversos negociados, como los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. Los empresarios implicados por posible tráfico de influencias son cuatro promotores locales y la firma Necso, por falsedad.

El ex interventor declaró al fiscal que era el "blanqueador de facturas del alcalde"

El ministerio público aprecia delito en el uso que hace el alcalde del chalé de un promotor

La delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante abrió la investigación por supuesta corrupción en el Ayuntamiento oriolano en septiembre de 2005 a instancias de la Fiscalía General del Estado. El máximo órgano del ministerio público ordenó la investigación tras recibir sendas denuncias de dos particulares. Seis meses más tarde, Briones, con el visto bueno de la Fiscalía de Alicante, remitió ayer las diligencias (61 folios) a los juzgados de Orihuela.

El fiscal justifica la acusación en cuatro pilares: la denuncia sobre supuestas irregularidades contables del ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, el testimonio y pruebas documentales aportadas por los portavoces de los tres grupos de la oposición (PSPV, Centro Liberal y Esquerra Verda), un informe pericial de la policía judicial y dos plenos en los que se aprobaron adjudicaciones de urbanizaciones a promotores locales en suelo no urbanizable y protegido.

El grueso de las denuncias (y también del escrito del fiscal) sobre presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de Orihuela fue realizado en febrero de 2005 por el hasta entonces interventor, José Manuel Espinosa. El funcionario fue destituido tras autoinculparse de haberse apropiado de 30.000 euros de las arcas municipales. Dos días más tarde, Espinosa convocó a los portavoces de la oposición y desveló una serie de irregularidades contables de las que responsabilizó directamente al alcalde y los ediles de su equipo de gobierno. La conversación fue grabada en dos cintas. En su comparecencia ante el fiscal, el ex interventor ratificó el contenido de la grabación y añadió: "He sido el blanqueador de facturas del alcalde".

Los casos de corrupción más relevantes denunciados por el funcionario, supuestamente delictivos a juicio del fiscal, son los siguientes: pago de facturas falsas a la firma Necso -adjudicataria del servicio de recogida de basuras en el casco urbano- por supuesto lucro cesante, por valor de 7 millones de euros; sobrecoste de unos 3 millones de euros sin consignación presupuestaria y por expreso mandato del alcalde en las obras de la plaza de la Glorieta de Gabriel Miró, ejecutadas por la constructora Doalco, del promotor Domingo Alcocer; falta de presentación de facturas de mandamientos de pagos por valor de 22.000 euros por parte de Encarna Galiano, concejal entre 1999 y 2003 y actual asesora de Medina, cuando dejó el cargo; falta de ingreso en caja por parte de Mónica Lorente, hasta hace poco primer teniente de alcalde, de las recaudaciones de los conciertos municipales durante su etapa al frente de la concejalía de fiestas; no presentación en cuatro años por parte de Antonio Franco, concejal de Personal, de las facturas de las subvenciones a una entidad local festera de Moros y Cristianos; y un supuesto cobro de comisiones en el proyecto de rehabilitación del casco histórico.

El fiscal anticorrupción ha completado la listas de supuestos casos de corrupción con las denuncias vertidas por los grupos de la oposición, relacionadas con adjudicaciones ilegales de planes urbanísticos. Los promotores que supuestamente se han beneficiado de las adjudicaciones irregulares han sido José Antonio Rodríguez y Joaquín Antonio Grau Pomares.

Una de las adjudicaciones más polémicas, que acarreó la división del grupo popular, fue la aprobación de dos planes urbanísticos en la costa de Orihuela a la promotora del empresario José Antonio Rodríguez. Tras la autorización, el empresario se convirtió en accionista mayoritario de la televisión local canal 34, afín al PP. El fiscal también incluye a este promotor en otro caso de supuesta corrupción a raíz de la denuncia del portavoz del PSPV sobre un supuesto intento de soborno del empresario a los concejales de la corporación.

El ministerio público, igualmente, ha llevado al juez la denuncia del portavoz del grupo socialista, Francisco García Ortuño, relativa a la vivienda de Medina, un chalé propiedad del promotor Grau, y dos lujosos turismos de que disfruta el alcalde: un Rolls Royce, propiedad del promotor Grau, y un Audi A8, del promotor Francisco Marco.

La lista de casos denunciados incluía la contratación en exclusiva de Luis Alberto Prieto, como jefe de personal de la Corporación pese a su condición de profesor interino de la Consejería de Educación de Murcia. Prieto dimitió como jefe de personal al trascender que cobraba dos sueldos públicos. García Ortuño denunció, además, que el Ayuntamiento, mediante decretos de la alcaldía, paga ocho plazas en un aparcamiento privado, propiedad del promotor Alcocer, para uso exclusivo de los jueces.

El alcalde de Orihuela declinó comentar el escrito de acusación del fiscal. "No tengo ni la más remota idea. A mí, el fiscal no me ha comunicado nada", señaló. El primer edil rechazó, una vez más, cualquier ilegalidad en su gestión. "No sólo digo que no ha habido ninguna irregularidad, sino que lo probaré cuando se me dé la oportunidad", remarcó.